**Con el apoyo de militares y de la Policía, medios de comunicación privados y el aparato de justicia, el gobierno de facto boliviano continúa con el hostigamiento a dirigentes y militantes del MAS. A pesar de ello, los liderados por Evo Morales muestran la mayor intención de voto de cara a los comicios del 3 de mayo**

CIUDAD MCY.- Desde hace dos meses, los bolivianos se encuentran todos los días con noticias sobre la investigación, procesamiento o arresto de uno o de varios de los excolaboradores y simpatizantes del presidente exiliado en Argentina, Evo Morales, sobre quien, además, pesa una orden internacional de captura solicitada por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Se supo de la detención del exministro de Gobierno, Carlos Romero, acusado por la Fiscalía de un caso de corrupción. Romero entró a la cárcel judicial luego de haber estado arrestado informalmente –primero en su domicilio y luego en una clínica médica– por grupos de civiles que se llaman a sí mismos “la resistencia” y que tienen el aval de la Policía para imponer su ley en las calles. Morales los considera “grupos paramilitares y fascistas”.

Estas agrupaciones civiles también operaron rutinariamente en las inmediaciones de la embajada de México en La Paz, en la que estuvieron refugiados varios exministros y dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS), quienes no pudieron obtener, del gobierno de Áñez, salvoconductos para salir del país. Los miembros de estos grupos se turnaban para revisar automóviles que entraban y salían del exclusivo barrio La Rinconada, donde se encuentra la residencia diplomática.

Actúan en dos ciudades, La Paz y Cochabamba, escenario de la mayor parte de los duros choques entre seguidores y opositores de Morales antes de su derrocamiento. La “resistencia” al MAS está compuesta por vecinos organizados de clase media y por jóvenes estudiantes.

Durante la crisis, estos individuos se armaron con palos, cascos y escudos improvisados para enfrentar a los trabajadores y campesinos que pretendían neutralizar las protestas en contra de lo que la oposición llamó “fraude electoral del 20 de octubre”, elecciones en las que Morales fue proclamado reelecto y que llevaron a la crisis política y al fin de su gobierno.

EN LA MIRA

El hombre más odiado por esa “resistencia” es uno de los líderes masistas asilados en la residencia mexicana, Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia y hombre fuerte del anterior gobierno.

Quintana está procesado por sedición y terrorismo. Junto a él están atrapados en la lujosa casa diplomática los exministros de Justicia, Héctor Arce; de Cultura, Vilma Alanoca; de Gobierno, Hugo Moldiz, y de Defensa, Javier Zavaleta, todos ellos también enjuiciados por distintos delitos comunes; los acompaña Nicolás Laguna, antiguo encargado de informática del Estado, acusado de fraude electoral. Hasta ahora, ninguno enfrenta procesos judiciales, pero tampoco obtienen salvoconductos.

Quintana es acusado de terrorismo y sedición por haber declarado a Sputnik que un golpe de Estado contra Morales se debía combatir intensamente, convirtiendo a Bolivia en “un moderno Vietnam”.

EN RIESGO

Además de policial y judicial, la presión sobre el MAS es política. Andrónico Rodríguez, líder de los sindicatos cocaleros y precandidato del partido izquierdista, anunció acciones de “resistencia pacífica al fascismo”, y propuso que se realizaran movilizaciones de protesta. En respuesta, el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, tuiteó: “Andrónico, cuidado, el radicalismo pone en riesgo tu liderazgo y tu futuro”. Rodríguez denunció que el gobierno buscaba asfixiar a la dirigencia sindical con procesos y detenciones.

Para frenar la ola represiva, el MAS aprobó en el parlamento una ley en favor de los derechos humanos, que exigía al gobierno de Áñez pagar indemnizaciones a familiares de las 29 personas fallecidas por la represión del gobierno de facto. De esta forma se dio la posibilidad de que dirigentes políticos, sociales y sindicales que se sientan injustamente perseguidos presenten recursos ante la justicia, por lo cual el gobierno golpista consideró esta ley “innecesaria y anticonstitucional”.

ESCENARIO ELECTORAL

Frente a este panorama, las elecciones se proyectan poco promisorias ante la falta de garantías a la libertad de expresión y la alta vulnerabilidad de los partidos políticos adversos a la nueva cúpula de facto que conduce la presidencia y su gabinete.

Paradójicamente, el escenario que instrumentalmente llevó a la crisis de gobernabilidad en el mes de noviembre pasado podría repetirse. El registro de candidatos mostró a ocho candidatos a la presidencia, de los cuales destacan los postulados por el MAS: el exministro de economía: Luis Arce Catacora para la presidencia y el excanciller David Choquehuanca para la vicepresidencia, ambas figuras reconocidas por sus funciones en las administraciones de Evo Morales.

Por la Alianza Juntos, se registró a Jeanine Áñez, presidenta autoproclamada y al empresario Samuel Doria Medina, ante los vacíos legales y la inconstitucionalidad de esta fórmula.

Por el partido Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien de nuevo se postula tras ser el segundo más votado en las elecciones de octubre pasado, pero ahora más debilitado ante la aparición de nuevos candidatos y por la dispersión de la oposición antimasista. Por el frente ultraderechista Creemos: Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, artífices centrales del golpe de Estado y con gran arrastre en el Departamento de Santa Cruz.

Resulta claro que aun con los acontecimientos el MAS sigue fortalecido por la persistente figura de cohesión representada por Evo Morales, así como por el impacto que la figura de Luis Arce pueda alcanzar como militante permanente del MAS y artífice del exitoso “modelo económico, social, comunitario y productivo”, que llevó al país andino a un crecimiento económico excepcional con un PIB de más del 300% en casi trece años.

Un símbolo de impacto para la clase media, junto con la figura de Choquehuanca, político e intelectual aymara, quien posicionó la agenda ambiental boliviana en defensa de la madre Tierra en los más importantes foros internacionales, y diseñó una diplomacia indigenista de gran impacto para la diversificación de relaciones multilaterales.

En todo caso, hasta no tener certeza del rumbo futuro tras las elecciones, resultará importante reconocer los impactos que en los próximos meses pueda alcanzar la desestructuración súbita de las instituciones plurinacionales, la defensa a la Constitución de 2009 que pueda lograrse en un contexto de Estado de excepción, y la capacidad de rearticulación de la potencia comunitaria, cuya estructura se basa en las grandes organizaciones sociales indígenas, originarias y campesinas.

La Asamblea Legislativa sigue en manos del MAS, pero la brigada parlamentaria de este partido se halla neutralizada por el control del régimen dirigido por Áñez en las ciudades, el absoluto alineamiento con el oficialismo de militares, policías, fiscales y jueces, y por su propia división entre un grupo “conciliador” y otro “leal” a Morales.

El Tribunal Constitucional, que obedece las instrucciones del Ejecutivo, amplió el mandato de los parlamentarios, que debía acabar el 22 de enero, hasta la transmisión de mando, que se calcula para mediados de año.

MARCOS GAVIDIA