“Este es un nuevo acto de piratería delictiva contra Venezuela para el beneficio personal de unos cuantos apátridas”, dijo el fiscal general de la República FOTO VTV

CIUDAD MCY.- El Ministerio Público abrió una investigación contra Fernando Javier Blasi-Blanchard, Magin Eduardo Blasi-Blanchard, Javier Leonardo Troconis, José Ignacio Hernández González y Luis Augusto Pacheco Rodríguez, involucrados en red criminal impulsada por Juan Guaidó, que pretendía robar activos de Venezuela en el Caribe.

Así lo develó este jueves el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien además informó que también están involucrados en esta red destinada a robar activos del país en el exterior la sociedad mercantil Caribbean Recovery Assets (CRA), propiedad de las empresas Lock In Capital y Global Risk Management, representadas por Jorge Reyes y Pedro Antar.

En este caso se presume la comisión de traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación para delinquir, tras haber designado a la Fiscalía 67ª Nacional para investigar los hechos conocidos a través de una noticia críminis, contra varios supuestos funcionarios del autoproclamado e inexistente gobierno interino sobre el cobro de sobornos para la firma de un contrato destinado a otorgarle poderes a un consorcio de empresas radicadas en Miami con el propósito de robar activos del país en el exterior y colocarlos al servicio de ese grupo de criminales.

Se pudo conocer que este consorcio presentó en 2019 al diputado en desacato de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien pretende usurpar funciones como Presidente de la República, una propuesta para apropiarse de manera ilegal de una cantidad importante de activos, además de cuentas por cobrar y demás bienes propiedad del país que se encuentran distribuidos en 19 países que forman parte de la alianza PetroCaribe, con la intención de que en contraprestación por sus servicios, obtuvieran el derecho de apropiarse del 18% de todo que pudiera ser despojado al Estado venezolano.

Asimismo, en las negociaciones los representantes de Guaidó solicitaron como soborno un pago por 750 mil dólares estadounidenses para la adjudicación del mencionado contrato.

“Este es un nuevo acto de piratería delictiva contra Venezuela para el beneficio personal de unos cuantos apátridas que mientras se enriquecen hacen padecer al pueblo venezolano. Éstos son los mismos que han promovido sanciones para que la gente afronte dificultades para abastecerse de gasolina, alimentos u otros elementos esenciales. Han recorrido el mundo para buscar asfixiar e implosionar a la nación”, reprochó el fiscal general de la República.

Detalló que todo apunta a que las firmas involucradas no son más que empresas de koala, utilizadas por los supuestos empresarios Reyes y Antar para hacer negocios de dudosa legalidad.

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