CIUDAD MCY.- La justicia de Colombia ordenó este sábado la liberación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, detenido desde el pasado mes de agosto y acusado de presunto fraude procesal y manipulación de testigos.

La jueza 30 de Control de Garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, fue quien ordenó la liberación del expresidente y exsenador.

Uribe escribió en su cuenta oficial de Twitter, «Gracias a Dios», luego de escuchar la decisión de la jueza en una audiencia virtual, la cual fue solicitada por su defensa, por la Fiscalía General y por la Procuraduría General (Ministerio Público), para asumir su defensa extramuros.

Desde el pasado 4 de agosto, Uribe permanecía en detención domiciliaria por un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Desde el 2018, cuando era senador, era investigado por la CSJ por presunta manipulación de testigos exparamilitares que declararon en su contra desde la prisión.

La Corte concluyó en sus investigaciones que la manipulación de testigos, Uribe buscaba que los exparamilitares cambiar su versión y declararán en contra del senador de izquierda, Iván Cepeda, quien logro obtener testimonio de dichos testigos.

Debido a la detención domiciliaria, Uribe se tuvo que confinar en su hacienda El Ubérrino de Córdoba, en la que dijo que se encontraba «secuestrado» por la justicia.

Tras el fallo de detención, Uribe renunció al Congreso el 18 de agosto, por lo que perdió la investidura como senador, por lo que la CSJ abandono su proceso y lo tomó la Fiscalía General.

Los antagonistas de Uribe, consideran que la Fiscalía podría beneficiar a Uribe, ya que el fiscal general, Francisco Barbosa, es cercano al presidente de Iván Duque, quien a su vez es pupilo de Uribe.

La jueza le concedió la libertad al expresidente, por considerar falta compatibilidad entre la Ley 600 de 2000, que rige los procesos en la CSJ, y la Ley 906 de 2004, que impera para la justicia ordinaria, debido a que hay diferencias entre la indagatoria y la formulación de imputación de cargos.

En la audiencia la jueza explicó que «en la Ley 906 se exige una solicitud elevada por la Fiscalía ante un juez de garantías para una medida de aseguramiento (detención), donde se hace previa evaluación de los argumentos que puedan presentar todas las partes».

Destacó que la detención «es una excepción que solo la Fiscalía puede solicitar para la protección de la pruebas y de las víctimas», y aclaró que su decisión busca darle garantías al investigado.

Información AVN