La relatora especial de Naciones Unidas considera que EEUU y la UE son los principales culpables del sufrimiento infligido al pueblo venezolano

**La extensión en el tiempo del infame decreto del nuevo Gobierno estadounidense permitirá la aplicación de ilegales medidas coercitivas y unilaterales, como parte de su política de agresiones crueles y sistemáticas que pondrán en riesgo áreas tan vitales como la alimentación, salud y otros derechos humanos fundamentales**

CIUDAD MCY.- “La situación en Venezuela continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, así reza parte del comunicado oficial difundido por la Casa Blanca.

El documento, firmado por Joe Biden, expresa que se mantendrán las medidas con respecto al país. “He determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en el Decreto Ejecutivo 13.692 con respecto a la situación en Venezuela”.

Esta decisión fue tomada por primera vez durante el gobierno del “demócrata” Barack Obama en 2015. Después, Donald Trump lo ratificó en cinco oportunidades más, con el propósito de agredir al país. El eufemismo narrativo de “emergencia nacional” es una herramienta imperial para ir en contra de un país que no se alinea a sus requerimientos políticos, económicos y energéticos. También le da licencia a EEUU de agredir al pueblo venezolano, sin la aprobación legislativa de su congreso.

Esta artimaña injerencista ha allanado el camino para todo lo que vendría después: el asedio permanente y despiadado que comenzó con el método de Kissinger, como en la época de Allende, con “hacer chillar a la economía”, continuó con persecución diplomática y culminó en verdaderas operaciones de piratería internacional, acompañadas de intentos desestabilizadores de la extrema derecha a nivel interno. El sufrimiento que han causado al pueblo venezolano lo atestiguan los informes de los expertos independientes de la ONU, Alfred de Zayas y Alena Douha.

ONU: PUEBLO DE VENEZUELA SUFRE POR LAS MEDIDAS DE EEUU Y LA UE

La relatora Douhan, especialmente enviada al país por Naciones Unidas, recordó que las medidas unilaterales deben considerarse legales solo si están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, o si se utilizan como contramedidas, si no violan ninguna obligación que el Estado tiene que cumplir y, sobre todo, “si no violan los derechos humanos fundamentales”. Al ver que se han producido todas estas violaciones contra Venezuela, llamó a EEUU y a la Unión Europea, principales culpables del sufrimiento infligido al pueblo venezolano, a levantar las sanciones. En vano, evidentemente.

Recordó que el ingreso del Gobierno ha disminuido en 99% y actualmente el país vive con 1% del ingreso que tenía antes de las acciones coercitivas y unilaterales. “El 76% del ingreso venezolano se utilizaba para proyectos sociales y solo hay 1% de ingreso, entonces en realidad es una suma de dinero miserable”, puntualizó.

Douhan también conoció que las medidas coercitivas impuestas a Venezuela han afectado 99% de los ingresos al país

En cuanto a la imposibilidad de Venezuela de adquirir la vacuna contra la COVID-19, recordó que los activos del Banco Central de Venezuela en el extranjero están bloqueados, por lo que al país se le imposibilita adquirir la vacuna, equipos e insumos médicos.

“Preocupa que las sanciones contra el petróleo, minería, el bloqueo económico a Venezuela, el congelamiento de los activos del BCV, han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener infraestructuras y programas sociales”, dijo.

Douha, que se reunió con representantes y organizaciones de la sociedad venezolana de todas las posiciones, confirma la información entregada en los últimos años por el Gobierno Bolivariano a todos los órganos pertinentes, incluida la Corte Penal Internacional, a la que ha presentado una denuncia contra Trump. El bloqueo económico-financiero, que pudo constatar la experta, ha causado graves daños al desarrollo del país, “con un efecto devastador para toda la población”.

Pero contra Douha y de Zayas se ha lanzado una campaña internacional para desacreditarlos. Para la extrema derecha venezolana y la hipócrita Unión Europea que la apoya, sólo deben considerarse “independientes” comisiones como la que montaron sus favoritos con un abogado pinochetista chileno acusado de encubrir violaciones de derechos humanos. Las únicas elecciones “libres” que Estados Unidos y la UE quisieran imponer en Venezuela son aquellas en las que ganan sus representantes, preferiblemente sin competidores.

Y, por ello, las sanciones de Biden, que había anticipado no tener prisa por un posible cambio de marcha con Venezuela, fueron acompañadas del habitual informe de la habitual ONG de derechos humanos. En este caso, estamos hablando de Freedom House, según el cual de 73 países Venezuela y Nicaragua se encuentran respectivamente en el quinto y sexto lugar por retrocesos de la democracia.

El nuevo Gobierno de EEUU sigue repitiendo los discursos irresponsables de Donald Trump sobre Venezuela. En una conferencia de prensa realizada la semana pasada, el portavoz del Departamento estadounidense de Estado, Ned Price, manifestó hipócritamente que Washington quiere ayudar al pueblo venezolano a salir de la crisis, mientras el mismo EEUU ya reconoció que sus sanciones criminales generan daño al pueblo de Venezuela.

MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES: A CONFESIÓN DE PARTES

Un examen al documento emanado de la Oficina para el seguimiento Gubernamental de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) da razón de la destrucción infringida por el imperio gringo en contra de la economía venezolana.

El texto de la GAO contiene la confesión palmaria de que EEUU mantiene una política ilegal, constante, premeditada, ensañada y alevosa de destrucción de la economía de Venezuela y de los derechos humanos de sus pobladores mediante las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas “sanciones”. Así, la GAO admite que “el desempeño de la economía venezolana ha declinado continuamente por casi una década y caído abruptamente desde la imposición de una serie de sanciones por Estados Unidos que se iniciaron en 2015”.

Por ejemplo, la economía declinó desde un decrecimiento del 6,2% en su Producto Interno Bruto en 2015 a un decrecimiento de 35% en 2019 y un decrecimiento de 25% en 2020. Las sanciones, en particular las impuestas a la empresa petrolera estatal en 2019, seguramente contribuyeron a un declive todavía más pronunciado de la economía venezolana, fundamentalmente al limitar los ingresos de la producción petrolera. Es el propio gobierno estadounidense quien establece la relación de causalidad entre las mal llamadas “sanciones” y la destrucción de nuestra economía.

Como en toda confesión de un crimen, la GAO aduce circunstancias atenuantes: “La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el Departamento de Estado solicitaron informes de organizaciones humanitarias financiadas por Estados Unidos sobre los desafíos que encaran, incluido el efecto de las sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Estado han dado pasos también para mitigar las consecuencias negativas”. Que entre estadounidenses te veas.

La Usaid, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y las oenegés financiadas por EEUU infligen medidas coercitivas unilaterales que llaman sanciones, miden los resultados e intentan “mitigar las consecuencias negativas”. ¿Pero acaso se imponen medidas coercitivas para lograr consecuencias positivas? Y si tan sincera es su preocupación por los efectos negativos de ellas, ¿por qué no las suspenden?

MARCOS GAVIDIA