El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, destacó que la comisión especial integrada por dos abogados especialistas en materia de DDHH permite llevar una documentación de los hechos FOTO VTV

CIUDAD MCY.- El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, ratificó este jueves que se mantiene activa una comisión especial para atender cualquier tipo de denuncias en materia de derechos humanos (DDHH) contra la población de La Victoria en el estado Apure, a raíz de los ataques de grupos irregulares colombianos.

«Desde el 21 de marzo, tomando en cuenta los ataques, se montó una comisión especial, presidida por el defensor delegado del estado Apure, junto a dos abogados especialistas en materia de derechos humanos», explicó Ruiz a través de un contacto telefónico con Venezolana de Televisión.

Ruiz indicó que en el municipio Páez hay una sede de la Defensoría para coordinar la atención de cualquier tipo de denuncias.

Destacó que han tenido buena receptividad por parte de las autoridades municipales, de la gobernación, de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI), de la Fiscalía Militar y del Ministerio Público.

En el contacto telefónico manifestó su solidaridad con los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes lamentablemente fueron víctimas de las minas antipersonales colocadas por grupos armados irregulares colombianos en la zona de La Victoria del estado Apure.

Las actividades de estos grupos irregulares de Colombia han dejado un saldo de ocho fallecidos de la FANB en los enfrentamientos, por lo que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la activación de la Zona Operativa de Defensa Integral Temporal Especial en los municipios José Antonio Páez, Muñoz y Rómulo Gallegos del estado Apure.

Ruiz subrayó que a pesar de todos los enfrentamientos y la situación el Gobierno Bolivariano actuó a tiempo con las mencionadas medidas especiales en zonas donde se encuentran diversas poblaciones apureñas.

Recordó que Venezuela es parte del Tratado de Ottawa, que lucha por la erradicación permanente de las minas antipersonales, por lo que «se está pidiendo el apoyo para detectar estas minas, sobre todo en la parroquia La Victoria para evitar cualquier tipo de accidente con civiles, especialmente niños y niñas», dijo.

El defensor del Pueblo señaló que actualmente se realiza una investigación penal que está en manos del Ministerio Público sobre ataques a los militares, centinelas y patrulleros, pero las denuncias sobre violaciones de derechos humanos a civiles o cualquier delito común lo documenta la Defensoría del Pueblo.

AVN