**Las masivas movilizaciones, brutalmente atacadas por las fuerzas policiales que han causado más de una veintena de muertos, propinaron un revés al Gobierno ultraderechista y uribista de Duque, al intentar imponer su supuesta reforma tributaria con la narrativa de la sustentabilidad de programas sociales, pero basado en que la crisis la pague el pueblo de Colombia**

CIUDAD MCY.- Aun cuando en su campaña electoral de marketing político el lema era «Más salarios, menos impuestos», el presidente colombiano Iván Duque sigue atravesando la misma crisis a raíz de sus propuestas de reformas económicas que han puesto como excusa la pandemia global por la Covid-19.

Se trata de la tercera reforma tributaria en tres años, y la sexta en diez, llamada eufemísticamente «Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible”, que pretende recaudar más de 6 mil millones de dólares en cuatro años, es decir, Duque pretendía meterle la mano en los bolsillos de los pobres.

El ahora exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, justificó la necesaria medida por el déficit fiscal que atraviesa el país. Este indicador está por el orden del 8,6% del Producto Interno Bruto (PIB), un incremento con respecto al 7,8% que se estima se generó en 2020. El Gobierno argumenta que necesita subir los impuestos a la clase media y alta del país para financiar los subsidios a las empresas y a la población.

LA EXCUSA POR LA CRISIS PERMANENTE: LA PANDEMIA

El mal manejo de la pandemia ocasionada por la covid-19 ha sido parte de la crisis que enfrenta el Gobierno colombiano. A las decisiones erráticas como la descoordinación entre el poder Ejecutivo y las autoridades locales se sumaron los fracasos en decretos económicos como ordenar la rebaja de los pagos de cotización a pensión para generar un alivio a las empresas y transferir más de 25 mil afiliados de los fondos privados a Colpensiones, medida que según la Corte Constitucional no es posible llevar a efecto.

La habilitación a los alcaldes a aumentar los subsidios en servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en 80% para el estrato 1, (pervertido sistema de segregación social colombiano) 50% para el estrato 2 y 40% para el estrato 3. El Impuesto Solidario del 20% a los salarios de los funcionarios públicos que ganaran más de 10 millones de pesos mensuales, también fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.

La colombiana es una economía que ha venido desmantelando al Estado mediante la entrega al sector privado de distintas y estratégicas áreas productivas como la minera energética, comunicaciones y servicios financieros. Los últimos gobiernos colombianos han ampliado reformas seriadas con exenciones y deducciones para el gran capital que ha acumulado ganancias de manera vertiginosa, más desde los gobiernos de Uribe Vélez.

Es ineficaz o inexistente el control sobre el flujo de capitales, la repatriación de utilidades y la evasión de grandes firmas y magnates colombianos con cuentas en paraísos fiscales y otros activos en el exterior. Se mantiene el latifundio improductivo y el lucro por la no actualización catastral, lo que causa que los terratenientes tributen por debajo de la ley. La deuda pública del Estado roza el 60% del PIB, mucho más que durante la gran crisis financiera de 1999.

La gestión de la pandemia de Duque se enfocó en dejar a su suerte a pequeños empresarios y clases medias para reforzar a los sectores privilegiados. En su entorno de analistas se ha querido incluir, sin datos sólidos, el impacto de la llegada masiva de venezolanos al país como agravante de la situación; sin embargo, varios estudios indican que, a largo plazo, la migración puede resultar beneficiosa, pues optimiza el «bono demográfico», al tratarse fundamentalmente de gente joven.

ENTRA LA REFORMA, SE ACTIVA EL PARO Y SE ENCIENDEN LAS PROTESTAS

El pasado 28 de abril fue convocado un paro general de 24 horas por parte de los sindicatos, quienes evaluarían alargarlo por más días, como reclamaron otros sectores. La propuesta final de la «Ley de Solidaridad Sostenible» entró al Congreso proponiendo aumento del IVA 19% para los servicios públicos de energía, alcantarillado y gas domiciliario mientras reducía el monto mínimo a partir del cual los ciudadanos deben pagar impuestos, lo que ampliaría el padrón de contribuyentes.

Al menos 3 millones de trabajadores deberían hacer una declaración de renta de la que actualmente están exentos debido a sus ingresos y la mitad de ellos tendría que pagar impuestos.

La reforma establecía además un impuesto a la riqueza que permitiría que quienes tengan un patrimonio de 1,3 millones de dólares pagaran 1,0% de impuestos de manera extraordinaria en 2022 y 2023 y que quienes percibieran 4 millones de dólares o más, pagaran 2,0%. También preveía que quienes ganaran alrededor de 2 mil 700 dólares mensuales cubrieran un impuesto extra por única vez, además del impuesto a la renta que ya cubren.

Entre marchas pacíficas, disturbios, cierres de carreteras y enfrentamientos con la Policía, las protestas se mantuvieron por varios días y fueron masivas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Se reportaron múltiples casos e informes de abusos policiales y hubo reportes de víctimas. La Defensoría del Pueblo reportó que en los primeros días de protestas en la ciudad de Cali se contabilizaron diez muertos, mientras que desde el Ministerio de la Defensa se supo que se investigarían cuatro homicidios. Grupos locales de derechos humanos dicen que las víctimas mortales durante las protestas ascienden a más de una veintena, centenares de heridos y detenidos.

Uribe, por su parte, pidió el uso de fuerza letal contra los manifestantes mediante su cuenta Twitter. Esto generó una masiva protesta en la plataforma virtual exigiendo que se bloqueara la cuenta del exmandatario en esa red.

La empresa borró su tuit aludiendo que el exmandatario violó la política de «glorificación de la violencia» mientras él se justificó declarando que su intención era «evitar el vandalismo” en las principales ciudades del país, que según él genera terrorismo y miedo entre los ciudadanos.

Duque afirmó que se tomarían las medidas necesarias de «asistencia militar», figura difusa y extraña, una maniobra que no es más que una carta blanca para actuar en contra de las manifestaciones de protesta, respondiendo de esta manera al llamado del expresidente Uribe Vélez de autorizar a policías y soldados a disparar, supuestamente para defender su integridad y la de la ciudadanía.

DIFERIDA LA REFORMA, PERO NO SE DESACTIVA EL PARO

El presidente colombiano anunció el fin de semana que había sido suspendida la reforma para formular un nuevo texto, y que buscaría otro momento que le permita obtener recursos para pagar los supuestos gastos causados por la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren. La presión obtuvo un beneficio momentáneo, con bajas sensibles como es usual en el conflicto social y armado que vive Colombia desde hace más de medio siglo.

Queda en el aire un humo que no se disipa: las preguntas sobre un país en el que la violencia no desaparece y cuyo gasto militar es el más alto de la región, que exporta su guerra interna y hasta la utiliza para acelerar un cambio de gobierno en Venezuela.

De nuevo fue derrotada la intención de poner a pagar el desbalance de las finanzas públicas a quienes no lo causaron y a quienes nunca se beneficiaron de las políticas que generaron esta crónica de crisis económica anunciada.

El Comité Nacional del Paro como las demás organizaciones convocantes mantienen su empeño en marchar, en medio de choques aislados y excesos policiales, situación a la que se suma que la capacidad hospitalaria de la capital está al límite, con 92,9% de ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos.

Es así como se demuestra que el pueblo tiene el derecho legítimo a plantear sus reivindicaciones, diferencias y apoyos, como lo hacen los colombianos que salen a las calles para mostrar su oposición a una reforma tributaria regresiva, inoportuna y cruel y que luchan también por exigir un sistema de salud eficiente, por una mejor gestión de la pandemia y en contra de los excesos policiales.

MARCOS GAVIDIA