Fuente: Clodovaldo Hernández/LaIguana.TV

**El acucioso y bien informado periodista Clodovaldo Hernández había presentado días antes del despliegue táctico en la Cota 905 por parte de los cuerpos de seguridad del Estado un elaborado trabajo diagnóstico de la situación que allí se estaba dando, es por ello que presentamos su artículo.

CIUDAD MCY.- El punto es muy simple: al Estado le preocupan los daños colaterales masivos que sufriría la población civil en un eventual enfrentamiento abierto, mientras los delincuentes tienen en esos daños potenciales su principal ventaja. Usan a la gente como escudos humanos.

Esta es una de las claves del conflicto de seguridad más apremiante del momento en Caracas: la existencia de bandas con características paramilitares atrincheradas en sectores populares intrincados donde ejercen un poder absoluto y desde los cuales realizan incursiones, cada vez más frecuentes y violentas.

En cada nuevo episodio de acción impune de las bandas criminales en las zonas que controlan en Caracas aparece la exigencia de “mano dura”. A las autoridades se les acusa de ser permisivos con los crímenes o de ser incapaces de someter a los famosos jefes de las organizaciones criminales.

Expertos del Gobierno en seguridad estiman que lo más grave del problema es que seguirá agravándose mientras no haya una respuesta contundente, pero la hipótesis de que se lleve a cabo esa respuesta es mucho peor, sencillamente, catastrófica.

El extraordinario poder de fuego que estas bandas han logrado acumular obliga a los cuerpos policiales a evitar el escenario de una toma de las barriadas donde operan estos grupos, pues se desataría una situación igual a la de una guerra convencional con la población inerme en medio del fuego cruzado y es posible imaginar lo que ocurriría si la fuerza pública intentara una acción a gran escala.

La lucha contra las bandas criminales es claramente desigual debido a este factor. Es una guerra asimétrica.

EL PROBLEMA DE LA POBLACIÓN CIVIL

La población de las zonas controladas por las bandas no es un todo homogéneo ante el cual valga una respuesta única. Hay varios subgrupos:

-Inocentes sometidos por el terror. Gente que reside en estos barrios, que han ido desarrollando sus viviendas durante años o décadas, trabajan en la misma zona o en otras de la ciudad.

-Familias vinculadas a los jefes de las bandas o con integrantes que forman parte de ellas. Los denominados pranes, nativos de sus comunidades, han forjado su liderazgo negativo con actividades criminales en sus barriadas, dirimiendo disputas territoriales y de negocios ilícitos con otros delincuentes. Sus familias se encuentran radicadas allí, al igual que los lugartenientes de los pranes (luceros, en jerga carcelaria) y con el resto de los integrantes de las bandas. Por razones obvias, esas familias forman redes de inteligencia y contrainteligencia que actúan a favor de la organización criminal.

-Gente que siente simpatías por la “gestión social” de las bandas. Ven a los pranes como benefactores de la comunidad en general o de personas o familias en dificultades, generando lazos de agradecimiento y simpatía que además de emergencias y necesidades básicas, son frecuentes las grandes fiestas, en las que la banda aporta las bebidas, las drogas y los grupos musicales de renombre nacional e internacional.

-Líderes sociales positivos. Las personas que desempeñan funciones de liderazgo social y político se abstienen de actuar o se ven obligados a huir de la comunidad porque ellos mismos o sus familiares corren riesgo de muerte, bajo la acusación de ser confidentes de la policía.

Esta complejidad social hace difícil incluso las operaciones de infiltración y de intervención “quirúrgica” que se consideran recomendables en el combate de mafias, pandillas y bandas criminales en todas partes del mundo.

Además, la infiltración en el sentido opuesto (de las bandas hacia los cuerpos policiales) es una realidad latente, lo que implica un gran riesgo para los funcionarios honestos. La corrupción orgánica en entes de seguridad es reconocida por los expertos como un factor clave.

BANDAS MUTANTES

Estudios criminalísticos indican que hay una mutación de las bandas en los últimos años, que responde a factores como nuevos códigos y antivalores que ponen por encima la organicidad delictiva para generar mayor rentabilidad del delito.

Incidencia de modelos exógenos por importación de actores (colombianos, mexicanos, centroamericanos) que vinieron a modificar los métodos delictivos y hacerlos más sanguinarios.

Influencia mediática que naturaliza en la población juvenil destinataria los antimodelos del narco, el paraco, el tratante de personas o el traficante de armas.

GUERRA MEDIÁTICA TAMBIÉN ASIMÉTRICA

La confrontación con las bandas delictivas urbanas es también muy asimétrica en su vertiente mediática.

Los medios globales y los locales de la llamada “prensa libre” que reciben financiamiento de las agencias de EEUU y Europa actúan como los grandes propagandistas de estas bandas y sus jefes, a quienes han convertido en celebridades en las listas de tendencias en las redes sociales.

La operación mediática va en dos sentidos aparentemente opuestos:

-Primer sentido. Cuando las bandas desarrollan sus acciones presentan las informaciones haciendo énfasis en la impunidad con la que actúan los delincuentes. Aseguran que es una muestra de la falta de control territorial del Gobierno, señal de Estado fallido. Al destacar la libertad de acción de las bandas hamponiles, exigen a las autoridades que intervengan, sumándose así a la operación de provocación.

-Segundo sentido. Cuando el Gobierno ejecuta intervenciones en estas zonas bajo dominio de las bandas, los medios cambian y pasan a denunciar supuestos excesos, uso desmedido de la fuerza, allanamientos no autorizados, detenciones ilegales y hasta ejecuciones extrajudiciales.

Para llevar a cabo esta segunda función, los medios cuentan con fuentes como ciertas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos (alguna de ellas también financiadas por EEUU y otros gobiernos extranjeros); voceros de la Iglesia Católica y, por supuesto, familiares de los detenidos.

En las versiones de esta prensa que exigieron respuesta de las autoridades, todo lo que haga el Estado es signado como ilegítimo, mientras los sujetos abatidos o privados de libertad son presentados invariablemente como jóvenes inocentes, trabajadores y deportistas.

Los relatos sostenidos por las ONG y difundidos como verdad absoluta por los medios derechistas son tomados como pruebas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para elaborar sus informes en los que los individuos, armados con pertrechos de guerra, que resultan neutralizados en enfrentamientos con la fuerza pública, inmediatamente son señalados como víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Esta conducta ambivalente y acusadora de los medios, de las ONG y de los organismos internacionales se establece como otra razón que tienen los cuerpos de seguridad del Estado para no actuar ante las bandas bajo el temor de que si actúan van a ser criminalizados.

EL COMPONENTE POLÍTICO

Otro aspecto del problema de las bandas delictivas urbanas es que cada vez se hacen más evidentes sus vínculos con los actores de la desestabilización política.

Basta recordar que las más recientes acciones de estos grupos han sido maniobras de distracción para eventos mayores de la guerra geopolítica contra Venezuela. A finales de abril y comienzos de mayo de 2020, justo antes de la fallida Operación Gedeón, las bandas de Petare sostuvieron varios días de supuestos enfrentamientos que mantuvieron aterrorizados a los vecinos de la zona. Este año, los movimientos en la Cota 905 fueron el preludio de las acciones de guerra en Apure.

Las actuaciones de las bandas y de sus jefes son prácticamente aplaudidas por los dirigentes de la oposición extremista y para muchos militantes, desde una posición tan ambivalente como la de los medios y las ONG.

El peligro de que las organizaciones criminales sean instrumentos de la ultraderecha violenta ha sido advertido desde hace mucho tiempo. Uno de los autores se estas advertencias es el exdiputado Adel El Zabayar, quien aseguró, en septiembre del año pasado, que si no se mete en cintura a estos grupos armados debemos prepararnos para diez años de guerra.

Para él el desmantelar a los grupos armados requiere voluntad y determinación por parte del Estado. “Habrá fuertes consecuencias, pero el Estado tiene la posibilidad hoy de retomar el control en corto tiempo, es decir, dos o tres años, pues estos grupos ya avanzan en una articulación muy compleja”.

MARCOS GAVIDIA