Esta ley, que el Tribunal Constitucional de España también declaró ilegal, regula el período entre el referendo de hoy –en el caso de que la consulta se celebre y gane el Sí– y la independencia catalana.

**El Parlamento catalán aprobó una ley que regula la transición entre la elección y la declaración de independencia de la región

CIUDAD MCY.-A horas para la celebración del referendo independentista en Cataluña –pese a que la duda se centra en torno a si se realizará o no la consulta por la declaración de nulidad de la elección refrendaria por parte del Tribunal Constitucional de España–, muchos se preguntan qué sucederá los días siguientes en la comunidad autónoma de realizarse la votación y ganar la opción del Sí.

La respuesta está en la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República; normativa aprobada por el Parlamento catalán dos días después de que dijera sí a la ley que establece el referendo de autodeterminación de Cataluña (el pasado 6 de septiembre), y que pauta la transición de la comunidad autónoma española a República independiente.

Esta ley, que el Tribunal Constitucional de España también declaró ilegal, regula el período entre el referendo de hoy –en el caso de que la consulta se celebre y gane el Sí– y la independencia catalana.
Entre los puntos más importantes de la normativa, que algunos medios españoles han denominado “miniconstitución de la república catalana”, se encuentran la declaración de Cataluña como una República y el establecimiento de una Constitución. No obstante, hasta que no se redacte y apruebe la Constitución de Cataluña, esta ley será “la norma suprema del ordenamiento jurídico” del futuro país europeo.

Según la ley, el proceso constituyente tras el referendo tendrá tres fases: 1) la etapa participativa y deliberativa que tendrá seis meses de duración; 2) el llamado a elecciones constituyentes y la elaboración de una propuesta de Constitución por parte de una Asamblea Constituyente; 3) la ratificación de la Constitución en referendo y nuevas elecciones.

Entre otros puntos, la normativa contempla que el actual presidente o presidenta del Gobierno catalán será jefe de Estado de la nueva República, mas no aclara si también será presidente de la República. Según el partido político español Candidatura de Unidad Popular (CUP), eso lo definirá “el proceso constituyente”.

La Administración de la Generalitat, “que incluye todas las administraciones de Cataluña”, sucederá a la del Estado en territorio catalán. El personal del Estado que preste sus servicios en Cataluña se integraría en la administración pública catalana en las mismas condiciones retributivas y empleo, salvo que renuncie, dice la ley.

NACIONALIDAD Y SUFRAGIO
Sobre la nacionalidad, la normativa establece que tendrán la nacionalidad catalana los españoles empadronados en un municipio catalán antes del 31 de diciembre de 2016, y aquellos que se hubieran empadronado desde el 1° de enero de 2017 y cumplan dos años en esta situación. También los españoles nacidos en Cataluña, los hijos de padre o madre con nacionalidad catalana, menores adoptados tras la entrada en vigor de la ley con padre o madre catalanes.

Asimismo, podrán adquirir la nacionalidad catalana aquellos que hayan residido legalmente durante los últimos cinco años en Cataluña. Según el texto, tener o adquirir la nacionalidad catalana no exige renunciar a la española ni a cualquier otra.

En cuanto al derecho al sufragio, la normativa establece que este queda reservado a las personas con nacionalidad catalana.

LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES
La norma contempla que las leyes en vigor de carácter local, autonómico y estatal que no contravengan la ley de transitoriedad y las leyes posteriores de derecho catalán seguirán aplicándose.

El Gobierno y el Parlamento catalán las adaptarán, modificarán o anularán, si procede. También seguirán vigentes las leyes europeas y los tratados internacionales. Los artículos de la Constitución o de leyes orgánicas pasarán a ser leyes ordinarias.

En cuanto a tratados internacionales, en un año, según la ley, el Gobierno someterá al Parlamento para su continuidad, renegociación o retirada, el listado de tratados internacionales aplicados a Cataluña que hubieran sido autorizados parlamentariamente. Cuando no hubieran sido autorizados parlamentariamente, el Gobierno adoptará la decisión. La normativa también establece una amnistía para los investigados o condenados por el proceso soberanista.

ECONOMÍA, FRONTERAS E IDIOMA
En referencia al tema económico, la norma habla de “zona económica exclusiva” y prevé que la Agencia Tributaria deje de tener la potestad recaudadora en Cataluña. No se concreta cómo la Generalitat recaudaría impuestos; tampoco se dice qué pasará con la parte de la deuda del Estado que corresponde a Cataluña. Se negociará con el Gobierno español. La Generalitat pasaría a ser autoridad aduanera.

Sobre las prestaciones sociales, se contempla el derecho a percibir las prestaciones sociales públicas –Seguridad Social y otras– reconocidas a la entrada en vigor de la ley.

“Se reconocen también los períodos de cotización al sistema de Seguridad Social realizados en el territorio de Cataluña, a efectos de carencia y de cálculo, así como al de otros Estados”.

Respecto a las fronteras, “la ley prevé el control efectivo de las fronteras, pero deja en manos del Govern los detalles”, según los partidos Junts pel Sí (JxSí) y la CUP.

Sobre la lengua, la norma no prioriza el catalán, sino que establece que todas las personas tendrán derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas y elegir entre hablar catalán, castellano y occitano.

RESOLUCIONES, TRIBUNALES Y EJÉRCITO
Las resoluciones firmes antes de la transición de comunidad autónoma a República “mantendrán esta condición”, dice la ley.

La Audiencia Nacional ya no tendrá competencia en territorio catalán y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertiría en Tribunal Supremo de Cataluña. Además, el fiscal general de Cataluña sería nombrado por el Parlamento y no por el Gobierno.

Los jueces, magistrados, letrados y fiscales podrían seguir en sus plazas, salvo que renuncien. Se crearán una Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y una Comisión Mixta de Supremo y Gobierno.

En cuanto al Ejército español, según la ley, este debería dejar de tener jurisdicción en el territorio catalán y abandonar Cataluña.

DECLARACIÓN UNILATERAL
A inicio de esta semana, partidos españoles se pronunciaron contra una posible Declaración Unilateral de Independencia por parte del Gobierno catalán.

Esta posible declaración surge luego de que el Gobierno español informara que encontró un borrador de la ley de transitoriedad que en sus disposiciones transitorias establece la declaración unilateral, con su entrada en vigor si no se podía establecer la consulta.

Una declaración unilateral ocurre cuando un Gobierno de una entidad de un país se declara Estado sin un acuerdo formal con el Estado del cual declara su secesión.

Para el partido Podemos, la solución a la crisis en Cataluña pasa por un referendo “pactado y con garantías”.

Información Ciudad Caracas