Luis Britto García

Luis Britto García

Seguimos señalando normas en nuestra Constitución que la someten a disposiciones de menor rango y sancionadas sin los requisitos de aquella. Por ejemplo:

Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

Observación: Una vez más, y con mayor claridad todavía, se otorga rango constitucional a normas que, como los tratados internacionales, no han sido sancionados con los requisitos de la Constitución, entre ellos el referendo aprobatorio. Aparte del menoscabo de la voluntad popular que ello supone, en esta norma el rango que se les otorga es contradictoriamente superior al de la Constitución, ya que “prevalecen en el orden interno”, siempre que “contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República”.

Sugerencia de reforma: Artículo 23: Los tratados, pactos y convenciones de DDHH, suscritos y ratificados por Venezuela de acuerdo con esta Constitución y con sujeción a las normas de ella, tienen rango legal y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público, siempre que no contradigan las normas de la Carta Magna y el orden interno fundado en ellas.

Corresponde a los tribunales conocer de las violaciones sobre las materias reguladas por dichos tratados.

Igual contradicción afecta al artículo 27 de nuestra Carta Magna:
Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos (…). El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales.

Observación: De nuevo se otorga rango constitucional a supuestos derechos que no figuran expresamente en la Constitución ni en las leyes de la República ni en los tratados ratificados por esta. Así, aparte de que se crea una total incertidumbre jurídica, se sujeta a Venezuela a posibles normas de origen foráneo, que podrían ser asimismo aplicadas en su contra por tribunales internacionales adversos a la soberanía nacional.

Por tanto, se debe eliminar del primer párrafo del citado artículo la mención “aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.

Y se debe reconsiderar la preservación del derecho de amparo a la libertad incluso en caso de “estado de excepción o restricción de garantías constitucionales”. La persistencia de este podría hacer inútiles tales medidas. Se recomienda eliminar tal disposición.