La denuncia en contra del gobernante incrimina a otras seis personas integrantes de su partido político

CIUDAD MCY.-El presidente de Brasil, Michel Temer, enfrenta a partir de ayer la denuncia que pesa en su contra, por presuntamente ser el líder de una organización criminal, así como intentar obstruir la justicia de su país. Los delitos serán evaluados por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ), de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el legislador Bonifácio De Andrada, activista del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), será el encargado de redactar el informe con la acusación, presentada por la Procuraduría General de la República.

La denuncia en contra del gobernante incrimina a otras seis personas integrantes de su casa política, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, a los cuales se les acusa de practicar acciones ilícitas a cambio del pago de sobornos con un aproximado de 587 millones de reales, lo que representa más de 183 millones de dólares.

Entre los implicados, resaltan las figuras del ministro Jefe de la Casa Civil, Eliseu Padilha, y el secretario general de la Presidencia, Wellintong Moreira Franco.

La plenaria brasileña iniciará los debates de las denuncias el próximo 17 de octubre, cuando tendrán la palabra 132 miembros del colegiado, 40 diputados ajenos a la comisión de los cuales 20 podrían estar a favor y 20 en contra, junto a los líderes de la bancada partidista.

En este sentido, Rodrigo Maia, titular de la Cámara de Diputados, quien decidirá si Temer será juzgado o no por el Supremo Tribunal Federal, opinó que esta vez el mandatario deberá enfrentar “dificultades” para frenar la denuncia.

CASO ARCHIVADO
El presidente de la CCJ, Rodrigo Pacheco, del PMDB, consideró lamentables los cambios entre los integrantes de ese colegiado que viene realizando la base del gobierno, a fin de garantizar el mayor número de votos posibles a favor de archivar la acusación.

En agosto de este año, la Cámara de Diputados se negó a que la Corte Suprema procesara a Temer por el delito de corrupción pasiva, alegando que no era el momento político adecuado para ello. Ante la decisión, la acusación fue archivada.

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