*** Con este golpe dado a los grupos delictivos que negociaban criminalmente con la gasolina, la población venezolana está conociendo los nombres y rostros que han estado minando las capacidades del Estado para abastecer a trabajadores y productores agrícolas de algo tan esencial en el mundo actual como es la gasolina ***

CIUDAD MCY.- Desde hace tiempo la economía criminal viene haciendo estragos en Venezuela, sucediéndose sucesos y acciones que han afectado directamente a la población y a expensas de los ingresos públicos. El caso de las mafias de la gasolina es particularmente singular pues las interminables colas en todo el país han tenido un protagonismo en las calles y en las pantallas de teléfonos, televisores y demás medios de comunicación y propaganda, con demasiado empeño.

No obstante la realidad supera toda expectativa, sobre todo si se toma en cuenta que estos grupos mafiosos de variopinta índole venían operando en las regiones fronterizas del país con el objetivo de contrabandear el combustible hacia Colombia, insumo requerido para la producción de cocaína, así como también desvíos hacia las Antillas caribeñas.

Bien es sabido que Venezuela posee su propia capacidad instalada de refinación, tanto en su propio territorio como en otras latitudes, pero, motivado a las agresiones económicas, financieras y comerciales, sus infraestructuras locales quedaron sin sus recursos operativos y sin la importación de agregados petroleros, debido a la dependencia tecnológica respecto a las compañías estadounidenses; además, el secuestro de Citgo solo ha dado dividendos a la camarilla pro-estadounidense, representada por Juan Guaidó, dejando a su suerte al pueblo venezolano.

Es por eso que no sorprende el gesto de cierto regocijo y hasta un alivio, por parte de la población, al ver los resultados en torno al combate contra las mafias del combustible, ya que es un tema que no solo repercute en quienes usan transporte particular sino también el colectivo privado y público, y que además involucra a los sectores productivos agrícolas.

Esta agenda fue impulsada por el propio presidente Nicolás Maduro, quien ordenó de manera explícita al ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, acelerar un plan de combate antimafioso en el rubro. Hasta ahora, se ha logrado desmantelar algunas redes de tráfico ilegal en distintos puntos del país en el marco de la llamada Operación Mano de Hierro.

DENUNCIAS Y DETENCIONES

En enero fueron anunciadas varias detenciones, entre ellas la de un trabajador de la Empresa Nacional de Transporte, por contrabandear gasolina en el estado Táchira en complicidad con autoridades del Gobierno de Colombia.

Posteriormente, el ministro de Petróleo informó que una estación de servicio caraqueña fue intervenida por el Estado debido a diversas denuncias de que no estaban aceptando bolívares en efectivo para el surtido de combustible.

Por su parte, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, recibió 147 denuncias sobre irregularidades en estaciones de gasolina. Saab indicó que “los estados con mayor número de llamadas al 0800-FISCA para denunciar irregularidades en las estaciones de servicio de gasolina son Zulia, Área Metropolitana de Caracas, Lara, Miranda y Bolívar”. Pero no solo allí, también se recibieron denuncias en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, La Guaira, Mérida, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Yaracuy. El fiscal general notificó a los fiscales para la revisión de cada uno de los casos.

Saab informó en rueda de prensa la detención de otros dos conductores de la Empresa Nacional de Transporte, por desviar 37 mil litros de combustible en el estado Apure, por los delitos de peculado doloso propio, contrabando agravado de combustible y asociación para delinquir.

En la misma alocución el fiscal general indicó la detención del secretario de reclamo del sindicato de la Empresa Nacional de Transporte Pdvsa que, junto a un chofer de transporte pesado, se les imputaron los delitos de contrabando agravado de combustible. En el procedimiento fue incautada una gandola que contenía 37 mil 500 litros de combustible, para un total incautado de 137 mil 500 litros aproximadamente. Saab precisó que el daño a la nación de estos desvíos alcanzó los 80 mil dólares.

“En 48 horas se recibieron 205 denuncias, de las cuales al menos 15 han servido para iniciar investigaciones penales, algunas de las cuales ya tienen detenidos”, informo el Fiscal ese día. Las autoridades también procesaron a dos individuos por la venta de cupos VIP a través de redes sociales para surtir gasolina sin ningún tipo de cola por montos que oscilaban entre 50 mil y 100 mil pesos colombianos o su equivalente en dólares.

Ese mismo día, el ministro El Aissami anunció que la Policía Nacional Bolivariana detuvo a ocho personas acusadas de robar combustible en la refinería El Palito, una de las mayores del país. El grupo delincuencial perforó un tubo matriz de un poliducto entre la refinería El Palito y el llenadero del estado Lara. Las autoridades incautaron dos vehículos, una bomba y una manguera. Posteriormente se informó que a los capturados les fueron decomisados mil 500 litros de gasolina.

En otro parte antimafia, varios días después, el fiscal general informó que las autoridades venezolanas habían recibido hasta la fecha 710 denuncias, se habían realizado 145 procedimientos y habían sido detenidas 32 personas.

CON NOMBRES Y APELLIDOS

Por medio de un comunicado de la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque, se notificó sobre la aprehensión de Carlos Rafael Vidal Bolívar, alcalde del municipio Independencia del estado Anzoátegui, imputado posteriormente por contrabando agravado de combustible y financiamiento al terrorismo, peculado doloso propio y asociación para delinquir. Además, también capturaron al fiscal superior del estado Bolívar, Manuel Junior Gil Da Silva; el comandante de la Tercera Compañía de la Guardia Nacional en Soledad (zona dentro de la población de Independencia), Antonio José Barrios González; la encargada de una estación de servicio en dicha localidad, Virginia María Azocar Guilarte; y los ciudadanos Luis Javier Corona Bolívar y Junior Enrique Nicolás Pérez.

Al comienzo de febrero, en una nueva comparecencia para ofrecer el balance del Plan Antimafia, el fiscal general Saab informó que se habían realizado más de 180 procedimientos judiciales con un saldo de 58 detenidos, quienes habían sido imputados por estar involucrados en el desvío, cobro ilegal y contrabando de combustible. Incluyendo la captura del exalcalde del municipio Pedro María Freites del estado Anzoátegui, Daniel Haro Méndez, quien pertenecía a una banda delictiva que exigía a los usuarios “un pago único de diez dólares, a cambio de surtir 30 litros de gasolina. No obstante, se utilizaba la huella del usuario, a través del sistema biométrico Patria, para registrar un consumo de 120 litros. La cantidad restante era desviada y almacenada en centros de acopio ilegales”, explicó el alto funcionario.

A estas acciones mencionadas anteriormente se sumó a la serie de aprehensiones la del jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) 51 del estado Anzoátegui, general de división Marco Tulio Álvarez Reyes, detenido por contrabandear combustible.

CAIGA QUIEN CAIGA

Al colocar todos estos datos en perspectiva se muestra que existe una operación dispuesta a investigar, desmantelar y proveer justicia contra las mafias del preciado combustible que imperan en todos los puntos del país, “caiga quien caiga” de acuerdo a la consigna de los altos dirigentes del PSUV y del alto gobierno.

Es así como los funcionarios públicos aprehendidos que accedieron a cargos de alcaldes en las pasadas elecciones de diciembre 2021 y que formaban parte del PSUV fueron expulsados de la tolda y están siendo procesados, así como importantes oficiales militares a cargo de regiones extensas como el último de los casos mencionados.

La correlación del Plan Antimafia con el discurso presidencial de las actualizadas 3R tiene un sentido aquí no solo de reimpulso en las acciones de gobierno, sino que involucra una depuración en el seno del partido que gobierna y de instancias institucionales, de corruptelas vinculadas de manera ilegal con otros sectores de economías criminales en Venezuela y en otras latitudes transfronterizas.

Por último, se hace notar que, de acuerdo a las investigaciones oficiales, los casos brevemente reseñados no son hechos aislados, sino que, en su mayoría, forman (o formaban) parte de una red que involucra(ba) a funcionarios de baja, media y alta jerarquía, con extensiones en distintas entidades locales y regionales a lo largo y ancho del país.

MARCOS GAVIDIA