CIUDAD MCY.- La Defensoría del Pueblo (DDP), en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), continúa la implementación del Plan Nacional de Formación para la Prevención sobre la Trata de Personas.
Este Plan Nacional de Formación busca formar a servidores y servidoras del Estado con especial énfasis en fiscales del Ministerio Público, jueces y juezas, personal de migración, policía migratoria y demás cuerpos de seguridad, funcionarios y funcionarías de relaciones consulares, sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes y personal de Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género.
Con el fin de poder atender a las víctimas de la trata de personas y evitar que siga ocurriendo esta práctica ilegal delictiva, cuyo origen data de muchos años atrás y todavía se mantiene con diferentes fines, ya sea de explotación sexual, laboral, servidumbre, entre otros.
Esta actividad de formación tiene una duración de 16 horas académicas, el objetivo es brindar conocimientos teóricos, prácticos y jurídicos sobre el abordaje integral para la debida atención, asistencia y protección de las víctimas de la trata de personas, con un enfoque victimológico de género y perspectiva de derechos humanos. También se reunieron en la Asamblea Nacional con la subcomisión
Permanente para investigar los homicidios contra venezolanos en el exterior, allí se llegó a un acuerdo para que la Defensoría del Pueblo tuviera una entrevista y acompañamiento a los familiares de víctimas, razón por la cual ya recibimos al primer afectado, esta semana, a los fines de canalizar estos casos ante el Ministerio Público y la Dirección de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.
La Defensoría del Pueblo y Unicef con este tipo de actividades de formación pretenden fortalecer los conocimientos sobre el significado y las consecuencias de la trata de personas, identificar casos y cómo pueden ser abordados por los funcionarios y funcionarias públicas que tienen que ver con la prevención y sanción de esta práctica ilegal que afecta a sectores vulnerables de la población violando sus derechos humanos.
Al mismo tiempo, la Escuela Nacional de Derechos Humanos de la Fundación Juan Vives Suriá, adscrita a la Defensoría del Pueblo, dio inicio a 25 diplomados en Derechos Humanos, en todo el territorio nacional, con el fin de empoderar a la población sobre sus DD.HH., refiere nota de prensa.
Información VTV
