La ayuda humanitaria

SERGIO RODRÍGUEZ GELFESTEIN

El 15 de diciembre de 1999 ocurrió en Venezuela el peor desastre natural de su historia: cientos de toneladas de piedras y árboles cayeron desde la montaña hacia la costa oriental del estado Vargas, causando destrucción y muerte al paso de las aguas que bajaron con furia inusitada después de que los pluviómetros marcaron, en un solo día, la misma cantidad de lluvia caída que la de todo un año normal.

Se calcula que hubo alrededor de 25 mil muertos, aunque esa cifra nunca ha podido ser corroborada.

Ese día también hubo elecciones: se votaba en referendo para aprobar la nueva Constitución que había sido redactada tras largos meses de duro trabajo. Por ello, en cumplimiento del Plan República, que conmina a la Fuerza Armada a prestar apoyo y seguridad al ente electoral, los militares estaban desplegados a lo largo y ancho del país. Fue un hecho providencial, dado que el terrible impacto del desastre natural pudo tener una respuesta inmediata de parte de la institución castrense, después de recibir la orden del Presidente Chávez de volcarse en la ayuda de la población. Tal vez por primera vez en la historia, la ciudadanía percibió que la institución armada era amiga y cercana al pueblo. Este hecho marcó una pauta de futuro en la relación cívica militar en el país.

Varios países amigos acudieron solidariamente en socorro de Venezuela, prestando asistencia material y humana. Asimismo, casi de inmediato, el Gobierno de Estados Unidos, presidido por Bill Clinton, resolvió sin consultar con su par venezolano enviar barcos de su armada cargados de marines, quienes no se definen precisamente por su carácter humanitario. El Presidente Chávez rechazó la intromisión estadounidense y no permitió que esos navíos atracaran en los puertos del país, en una decisión que desató impúdicamente el feroz repudio de una oposición acostumbrada a acatar la medida yanqui, aun cuando esta fuera violatoria de la soberanía nacional.

Años después, en 2005, Naciones Unidas aprobó la Doctrina de la Responsabilidad de Proteger como instrumento para “intervenir humanitariamente” en aquellos países en que el Estado no tiene capacidad de impedir que su población sea objeto de crímenes graves. En el papel, dicha doctrina aparece como un paso adelante en el acto no solo de proteger a las víctimas, también en la salvaguarda de la paz y la seguridad internacional cuando la violación sistemática de derechos humanos puede conducir a la grave alteración de la situación política de un país, incluso con el peligro de que tal situación supere las fronteras nacionales. Hasta ahí todo está bien. Pero cuando se vive en un sistema internacional bajo la égida dictatorial de las cinco potencias que ocupan puestos permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU tal instrumento solo sirve –como tristemente han demostrado los hechos– para legitimar la injerencia y la intervención en los asuntos internos de los Estados.

El caso más elocuente en este sentido ha sido el de Libia en 2011; pero aquí, en nuestra región, un año antes, en enero de 2010, las fuerzas armadas de Estados Unidos sí lograron el propósito de instalarse en Haití, incluso ocupando el derruido Palacio de Gobierno, y sembrando la muerte de decenas de ciudadanos que pululaban por las calles de Puerto Príncipe clamando por comida y atención médica. Los humanitarios marines estadounidenses no hallaron mejor solución que disparar a mansalva “para eliminar el problema”. Pero los grandes ganadores de la tragedia de Haití fueron el expresidente Bill Clinton (el mismo que había enviado sus barcos a Venezuela), quien junto a su esposa, y actuando como Enviado Especial de la ONU –colíder del Fondo Clinton-Bush para Haití (junto al también expresidente George W. Bush) y copresidente de la Comisión Interina de Recuperación de Haití, un órgano semigubernamental de planificación de Estados Unidos–, hicieran el negocio de su vida, recaudando cientos de millones de dólares que no llegaron a las víctimas del desolado país sino a sus arcas personales, incluso recibiendo promoción (que posteriormente se hizo pública) de su esposa, la –en ese entonces– secretaria de Estado.

Ahora, cuando se ha producido una avalancha de violentos huracanes que han afectado la región, Estados Unidos se vale de ello para militarizar el Caribe, recomponiendo su aparato militar y aprovechando de entrenar a sus tropas para futuras acciones intervencionistas. No por conocido, el método de apelar a la “ayuda humanitaria” deja de ser pernicioso: primero, la Usaid acude al país devastado, una vez que constata la insuficiencia de su capacidad, se solicita la presencia de las Fuerzas Armadas. Vale recordar que el presupuesto de la Usaid para América Latina en el año fiscal que comenzó el pasado 1° de octubre sufrió un recorte de 60%, mientras que el del Pentágono creció en 10%.

En este caso, 300 marines dislocados en Honduras fueron movilizados para “brindar apoyo” al Caribe. Aunque esta es teóricamente una de las misiones del Comando Sur, en la historia y en el pensamiento de los pueblos de la región está presente que la tal ayuda humanitaria es uno de los tantos subterfugios de Estados Unidos para consolidar su posicionamiento militar en regiones donde necesita establecer una presencia de carácter estratégico. El problema fundamental es que la estancia de la armada de Estados Unidos en algunos casos no se justifica, cuando lo que realmente se necesitan son médicos, rescatistas y personal de apoyo logístico especializado, no tropas capacitadas para invasiones, ocupaciones, desembarcos o incursiones, como lo son las fuerzas de infantería de marina de la Armada de Estados Unidos. Por ejemplo, se ha informado que una de las unidades movilizadas hacia Puerto Rico es la 101 División Aerotransportada (DAT), que junto a la 82 División Aerotransportada configura las fuerzas de intervención militar de élite. En sus 75 años de existencia, la 101 DAT jamás ha cumplido una misión de este tipo, mientras que sí se le ha conocido por ser ariete de las agresiones militares estadounidenses en Vietnam, Laos, Afganistán e Irak.

La aceptación de estas operaciones, a través de las cuales el Pentágono se ofrece para conceder ayuda transitoria, se ejecuta a partir de la instalación de Centros de Emergencia Regionales, que se transforman en la mampara preferida para incoar el establecimiento de bases militares de tiempo completo.

En el caso de Puerto Rico, además, el Gobierno estadounidense y los militares que controlan el poder en ese país han decidido desplegar aviones, helicópteros y barcos de la Armada, procedentes de doce estados de la unión americana, destacando entre ellos el buque de asalto anfibio USS Kearsarge, que se encarga de inspeccionar las costas para ubicar probables puntos de desembarco; asimismo, 20 unidades de aviación, infantería de marina y logística conforman el contingente militar enviado a Puerto Rico, ante las mermadas capacidades de la Usaid y los mecanismos civiles de real ayuda humanitaria.

La opinión pública puertorriqueña no ha tardado en manifestar su preocupación por la probable temporalidad de la presencia de estas fuerzas militares en la isla, y no han dudado en expresar la inquietud que desata la posibilidad de una larga estadía del ejército imperial en este país, colonia de Estados Unidos. La imagen de Haití tras el terremoto de 2010 está presente en el imaginario del pueblo borincano, donde como recuerda Francisco Santiago, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), “estuvieron mucho tiempo dirigiendo el país”. Esta situación acaecida en Haití establece un paralelo con Puerto Rico, donde ha sido designado el teniente general Jeffrey Buchanan a cargo de las operaciones para el manejo de la emergencia, con lo que además del control financiero directo de Estados Unidos al país ahora ha sumado también un gobernante militar de facto ejerciendo la supremacía sobre la sociedad boricua.

Estas operaciones vienen a complementar una serie de acciones del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, que llegó incluso a consumarse en la amenaza del presidente Trump de intervenir militarmente el país. Además de este despliegue bélico inusitado, en junio del presente año se realizó en las cercanías de las costas de Venezuela el ejercicio militar y naval Tradewinds 2017, con la participación de 18 países, bajo la conducción del Comando Sur de Estados Unidos, también presentado como “una maniobra multinacional de seguridad marítima y respuesta a desastres en el Caribe”.

Sin embargo, la vida se encargó muy pronto, y de forma lamentable, de demostrar que tras el paso de los huracanes Irma y María la tan cacareada ayuda humanitaria de Estados Unidos se ha reducido a publicidad en las redes sociales, a un apoyo retórico que no se ha manifestado en la práctica, y que además está totalmente alejado de las capacidades y las potencialidades económicas del país del norte, desnudando con ello su verdadera catadura intervencionista y su desinterés en los pueblos de América, si no es con ánimo agresivo y expoliador.

En el ámbito más amplio, estas acciones se inscriben dentro de la Operación Venezuela Freedom 2, elaborada e implementada por el Comando Sur, la OEA y el grupo de países autodenominados “Perritos simpáticos en la alfombra”, constituido por trece gobiernos de la región, subordinados políticamente a Estados Unidos.