Beltrán Haddad

En estos días oí comentarios en los pasillos de los tribunales penales sobre una nueva reforma de la Ley contra la Corrupción por cuanto ella no contempla los “acuerdos reparatorios”. Si esa iniciativa es cierta, me permito decir algo al respecto porque en la lucha contra la corrupción no podemos callar lo que conviene y mucho menos hacer lo que no es pertinente. En esa orientación quiero señalar que hace dos años y un poco más, el presidente Maduro reformó la Ley contra la Corrupción, entre otras razones, para incorporar el delito de soborno transnacional, en atención a la Ley aprobatoria de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esa reforma es pertinente y está vigente con un total de 42 delitos contra la corrupción.

Puedo decir que Venezuela es el país del mundo que tiene tipificados más delitos contra la corrupción que cualquier otro. Además, es bueno saber que el derecho penal ha sido siempre de larga duración y las reformas son necesarias y deben ser bien concebidas dentro de la mejor dogmática de la teoría del delito y de la pena, pero es preocupante cualquier reforma si ella no es cuidadosamente meditada y técnicamente elaborada.

Por otra parte, los llamados “acuerdos reparatorios”, por su naturaleza y por su tendencia a prescindir de la pena, no se corresponden con la gravedad del delito de corrupción. La llamada justicia restauradora, donde ellos anidan, tiene aplicación en delitos menores o delitos que recaen exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, o cuando se trate de delitos culposos contra las personas. Aceptar que un delito de peculado, por ejemplo, pueda resolverse mediante un acuerdo de las partes sería como robar los dineros públicos sin riesgo de cárcel.

Distinta a los “acuerdos reparatorios” es la obligación impuesta por la Ley contra la Corrupción de restituir o reparar el daño ocasionado por el corrupto al patrimonio público. Algo más: tenemos bastante ley no solo para abrir las cajas de seguridad bancarias o retener preventivamente remuneraciones o prestaciones de los corruptos, sino que el juez puede ordenar la confiscación de sus bienes. Es la forma correcta de restituir y reparar sin el riesgo de un “acuerdo reparatorio” que le quite la potestad penal al Estado y lance a este país por un derrumbadero. Por ello, digo, tengamos mucho cuidado con ese tipo de reforma.