CIUDAD MCY.-La Ley Constitucional de Inversión Extranjera tiene entre sus objetivos la creación de condiciones para el ingreso de divisas al país, y así poder fortalecer el modelo económico productivo, expresó el presidente de la Comisión Económica Diversificada y Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Eduardo Piñate.

El constituyente recordó que, ante la caída del ingreso de divisas al país, producto de la baja en los precios del petróleo, así como la guerra económica promovida por sectores de la derecha y el modelo rentista petrolero heredado de la IV República, es necesario la aprobación de esta norma para impulsar el ingreso de divisas al país, durante su intervención en la sesión número 37 de la ANC.

“Nosotros estamos convencidos que uno de los desafíos estructurales de la economía venezolana y de la construcción del sistema socialista bolivariano, es crear una poderosa economía comunal, y aquí está planteada”, manifestó.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Constitucional de la ANC, Iris Varela, indicó que este instrumento reúne el consenso de todas las voces que apuestan por la defensa y desarrollo de la Nación “sin entregar nuestra soberanía”.

“Que vengan los inversores, pero con reglas claras, aquí hay una ley para inversionistas extranjeros productiva que sirve para que nuestro país consiga los recursos que necesita sin que el imperio norteamericano se interponga”, expuso y agregó que la norma también “servirá para que el pueblo venezolano pueda desarrollar sus propias empresas nacionales e incrementar el empleo, además de garantizar la igualdad entre los inversionistas nacionales y extranjeros”.

La Ley Constitucional de Inversión Extranjera forma parte de los ocho instrumentos legales que presentó el 8 de septiembre el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el fin de desarrollar una economía diversificada en el país, combatir la guerra económica, superar el rentismo petrolero y acabar con el bloqueo financiero.

Las ocho leyes son: Ley de abastecimiento soberano y de precios acordados (Plan 50), Ley para la creación de fiscales de abastecimiento y precios de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Ley para la regulación y funcionamiento de las casas de cambio, Ley de promoción y protección de la inversión extranjera, Ley para el desarrollo del Arco Minero del Orinoco y Ley de impuesto para los grandes patrimonios.