CIUDAD MCY.- En la sede de la Vicepresidencia de la República, representantes de las cadenas de supermercados del país, sostuvieron un encuentro con miembros de la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) para discutir y hacer cumplir la Ley de Precios Justos.

La actividad estuvo encabezada por el vicepresidente Ejecutivo de la República, Tareck El Aissami, quien estuvo acompañado por el jefe de la GMAS, general en jefe Vladimir Padrino López, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Luis Medina, el titular de Transporte, Carlos Osorio, así como el vicepresidente sectorial de Economía, Wilmar Castro Soteldo.

Cabe destacar que la reunión responde a la solicitud realizada por el mandatario nacional, Nicolás Maduro, quien el pasado lunes instó al vicepresidente Ejecutivo a darles un ultimátum a los empresarios

“Después del 20 de mayo si ustedes siguen aumentándole los precios a lo loco al pueblo, voy a hacer justicia”, dijo.

En la jornada, que se realizó durante parte del día, estuvieron presentes, entre otros, delegados de Empresas Polar, quienes atendieron a la exhortación efectuada por el Jefe de Estado en su lucha por resguardar la economía nacional.

FISCALIZACIÓN DE MERCADOS

Es importante mencionar que en diferentes estados se viene desarrollando la supervisión de los mercados en contra del acaparamiento y la especulación.

En este sentido el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, indicó que todos los mercados en los 29 municipios de la entidad andina serán fiscalizados, para que la población pueda comprar a precios justos.

Bernal afirmó que castigaran a los vendedores que apliquen sobreprecio a las mercancías y pretendan colocar de rodillas al pueblo sin poder comprar por los elevados costos de los productos.

Por otra parte, desde el estado Mérida las autoridades y pueblo organizado supervisaron la venta de 10 mil kilos de alimentos en un conocido súper mercado de la entidad.

La súbita acción del Comando Popular Militar contra la guerra económica sorprende por segundo día consecutivo a comerciantes de la entidad, que enfrentarán medidas administrativas o penales si se comprueba el desvío o venta condicionada de rubros, informaron autoridades de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).

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