> Desde quema de personas, viviendas y vehículos, hasta linchamientos. La lista de tipos delictivos de la oposición venezolana aumenta cada día.

CIUDAD MCY.- Una veintena de categorías de acciones delictivas ha venido usando en forma reiterada y sistemática la oposición venezolana durante los casi cuatro meses de “manifestaciones” públicas que han causado más de 100 muertes, miles de heridos e incalculables pérdidas materiales, en el marco de un plan que no oculta su propósito de desalojar del poder al presidente Nicolás Maduro.

La lista es producto de una revisión detallada de los hechos en los que se puede identificar atributos como su convocatoria orgánica por voceros opositores y su ejecución conforme a un plan definido. Asimismo, su repetición (no ocurren en forma aislada), su reivindicación o cuando menos su justificación o la ausencia de condena pública.

1. Quema de personas: Esto incluye homicidios y lesiones graves por uso de bombas incendiarias lanzadas contra fuerzas del orden público, hasta asesinatos deliberados tipo linchamiento tras rociar o empapar con gasolina a la víctima. La botella llena de combustible y dotada con una mecha, conocida popularmente como “bomba molotov” se ha convertido en el arma orgánica de los combatientes de la “Resistencia”, que viene a ser el equivalente a las fuerzas de choque de la oposición. El uso del fuego como arma se evidenció tras eventos que fueron captados fotográficamente por ocurrir en un escenario como Altamira, en el municipio Chacao, este de Caracas. El 3 de mayo un joven combatiente, José Víctor Salazar, quedó envuelto en llamas cuando intentaba perforar el tanque de gasolina de una moto de la Guardia Nacional, cuyo conductor había sido sometido por el grupo de manifestantes que portaba bombas incendiarias. Dos semanas después ocurrió el caso de Orlando Figuera Esparragoza, quien fue apuñalado, golpeado y finalmente quemado acusado de ser chavista y de haber intentando cometer un robo a manifestantes que culminaban una marcha. Figuera, que murió 15 días después, puso al descubierto una tendencia de actuación de estos grupos violentos. Un estudio reciente de Red58 apunta a que al menos 20 personas han sido víctimas de ataques con fuego en forma directa.

2. Ataques con explosivos cargados con municiones irregulares o combustible: Pueden causar graves lesiones y la muerte. Incluye un conjunto de fallecimientos de manifestantes que portan y usan estos dispositivos contra efectivos militares/policiales, y que se autoinfringen daños por mala manipulación. Estos artefactos, de fabricación artesanal y diseño precario, se han convertido en la segunda arma más usada por los activistas opositores. Conocidos como morteros y fabricados con tubos de plástico para aguas servidas, ha sido reconocido como parte del equipamiento de los combatientes y los propagandistas de la MUD, incorporándolos en producciones audiovisuales de amplia difusión en redes sociales. Sin embargo, su mayor visibilidad la comenzó a tener a partir de la muerte del adolescente Neomar Lander, ocurrida el 7 de junio en Chacao, quien no logró lanzar un explosivo de gran poder que ya había encendido, y que al estallar le destrozó el pecho. Vale señalar que junto a Lander se encontraba el diputado de Primero Justicia, Miguel Pizarro, quien trató de atribuir la muerte a una bomba lacrimogena. Posteriormente, ocurrieron muertes en circunstancias similares en Barquisimeto, Táchira y Carabobo. Una semana antes de la muerte de Lander, una investigación de la PNB y el Sebin logró identificar y capturar a una banda de empresarios que atacaron con dispositivos similares la base aérea La Carlota. Un evento más reciente fue la detonación controlada a distancia de una bomba incendiaria contra efectivos motorizados de la GNB, el pasado 10 de julio en el distribuidor Altamira, y que causó quemaduras a tres funcionarios.

3. Reclutamiento de adolescentes, niños, y personas con discapacidad o vulnerables como combatientes: Un conjunto de investigaciones desarrolladas por el Sebin lograron determinar fehacientemente el reclutamiento de adolescentes como combatientes en el área de Altamira. La periodista de Telesur, Madelein García, recogió varias historias con detalles. El esquema contemplaba un mecanismo de pago por jornada con cantidades importantes de dinero. Igualmente, el suministro de alcohol y drogas y hasta el acceso a prácticas sexuales con prostitutas pagadas por los organizadores de los grupos. Entre los reclutados también se incluían personas en situación de calle, con adicciones y con discapacidades, lo que las hace vulnerables especialmente. Asimismo, se registraron testimonios sobre muertes programadas entre los grupos de combatientes y señalamientos de que Neomar Lander habría sido seleccionado como una especie de mártir.

4. Linchamientos y prácticas relacionadas: Incluye señalamientos callejeros a personas que son acusadas como chavistas, infiltrados, confidentes o perpretadores de robos. Tras las acusaciones son dominados a golpes y junto con las lesiones físicas pueden ocurrir ataques a su dignidad, como desnudarlos y atarlos en medio de una hostilidad pública generalizada. Llama la atención que el linchamiento físico, generalmente, se acompaña de uno moral, en que la víctima es expuesta como un delincuente en redes sociales y muchas veces con la colaboración de comunicadores e influencers. El caso más dramático de linchamiento tuvo como víctima al teniente retirado de la GNB, Danny José Subero, ocurrido el 27 de mayo en Cabudare, estado Lara, cuando una turba lo acusó de ser un agente de inteligencia en medio de una manifestación. Fue golpeado por una veintena de personas, incluyendo mujeres y adolescentes, y recibió dos disparos. En el hecho participaron integrantes del partido Voluntad Popular. Vale apuntar también una serie de ataques a personas “confundidas” con funcionarios o figuras del chavismo, por parte de turbas en el centro comercial CCCT de Caracas.

5. Exhibición y uso de armas de fuego, incluyendo fusiles: En actividades convocadas como manifestaciones de protesta. Se trata del fenómeno más reciente y está referido a la exhibición abierta de armas de fuego convencionales en protestas callejeras. El caso más reciente ocurrió el 20 de julio cuando un hombre con una máscara fue fotografiado con un fusil AR-15, mientras una turba intentaba penetrar a la sede del canal público Venezolana de Televisión, en Los Ruices, Caracas.

6. Restricciones severas a comunicadores en la cobertura de los eventos: Inicialmente presentados como manifestaciones. Desde casi el inicio del conflicto la “Resistencia” prohibió fotografías de los rostros de sus combatientes. De esta manera, acusaron a los medios públicos de compartir información con los organismos policiales, por lo que estuvieron imposibilitados de cubrir los sucesos. Hace un mes los activistas de Altamira agredieron a la periodista opositora, Yasmin Velasco, y hace una semana, el 20 de julio, atacaron a reporteros que se consideran aliados de la MUD. Los ataques fueron extremadamente violentos e impusieron una restricción total a la cobertura.

7. Identificación de activistas del chavismo: Trabajadores de organismos públicos, o ciudadanos no comprometidos y calificados como indiferentes. Incluye señalamientos y exposición de ciudadanos como confidentes de la Policía. Estas prácticas se generaron desde finales de abril pero se han profundizado. Incluso, han llegado al extremo de capturar personas y atarlas en una especie de intento de linchamiento, tal como ocurrió en el conjunto residencial “Los Verdes”, en El Paraíso.

8. Cierre de vías públicas principales como carreteras nacionales, y más recientemente de vías locales y comunitarias para que “nadie salga” de su casa: Los llamados trancazos además de restringir la libertad de tránsito han sido una importante fuente de muertes y lesiones. Esto se ha radicalizado con la convocatoria de los paros generales y ha llevado los cierres de vías principales a ámbitos locales y comunitarios que se han convertido en privaciones a la libertad personal: “nadie sale” es la instrucción.

9. Convocatorias a paros generales con amenazas expresas de ataques a comercios que no acaten la medida: Se ha verificado el uso de elementos armados que visitan los locales para obligar a su cierre, así como eventos de saqueos punitivos a establecimientos que han prestado servicio. Los paros comerciales se iniciaron a mediados de mayo en San Antonio de Los Altos y llegaron al extremo de que los grupos de choque tomaron control de la ciudad por al menos una semana, hasta llegaron a imponer horarios de compra. La situación se ha agravado desde el 20 de julio y los llamados grupos de la “Resistencia” han reiterado su comportamiento amenazante desde las redes sociales.

10. Asedio, ataques armados, saqueos e incendios de sedes de organismos públicos: Esto se ha hecho en forma recurrente e indiscriminada en áreas donde se han enclavado grupos de choque como Altamira, Chacao y La Tahona en Caracas. Las sedes de la Magistratura y de los ministerios de Transporte y Vivienda en la avenida Francisco de Miranda han sufrido cerca de una decena de ataques de gran magnitud.

11. Asedio y ataques armados contra conjuntos urbanísticos de la Gran Misión Vivienda Venezuela: Estos ataques no sólo se originan en una postura antigubernamental, sino específicamente de discrimininación social. Los atacantes son miembros de comunidades vecinas que consideran que su estatus social ha desmejorado por tener ahora a familias pobres viviendo en su mismo sector. El saldo más grave de estas acciones ha tenido lugar en Barquisimeto, donde en abril fue asesinado un adolescente de 14 años, Bryan Principal, en el urbanismo Alí Primera. Mientras que el 23 de junio dos jóvenes residentes de Residencias Larenses fueron atacados por activistas terroristas que los quemaron causándoles lesiones graves. En el municipio Baruta volvió el acoso al complejo habitacional La Limonera.

12. Asedio y amenazas a hospitales y centros de salud: Los ataques a centros de salud ya los había venido practicando la oposición venezolana desde abril de 2013 cuando el triunfo de Maduro no fue aceptado por Capriles. En esa ocasión el objetivo fueron los CDI, tras la difusión de un tuit del periodista Nelson Bocaranda, que señalaba un CDI de Maracaibo como un centro para esconder actas de votación. Esta vez la mayor diferencia fue que los ataques incluyeron hospitales como el Materno-Infantil de El Valle, el de Carrizal, y más recientemente el de Caricuao.

13. Asedio y saqueos a centros educativos: También pudiera considerarse una novedad para esta temporada, y el más emblemático sería, el ataque a la escuela que funciona dentro de la Base Aérea de La Carlota, hecho en el que estuvo involucrada Lilian Tintori.

14. Asedio a medios de comunicación públicos, comunitarios y privados: El paro general de 20 de julio también trajo un ataque al VTV. Sin embargo, no era el primer medio asediado pues algunos comunitarios y privados también estaban bajo amenaza. Esta semana se inició con un ataque incendiario a la emisora Radio Crepuscular, en Barquisimeto, al igual que se han verificados otras agresiones a emisoras radiales.

15. Retención violenta, saqueo e incendio de transportes colectivos y vehículos de carga o servicios: Los cierres de vías han estado relacionados con la captura de vehículos para reforzar el trancazo. De este modo, los activistas de la MUD han terminado por incendiar autobuses y camiones de carga, tal como se ha visto en el Distribuidor Altamira. Lo mismo ha ocurrido en Maracaibo, entre las víctimas mortales se cuentan el conductor de un camión y un trabajador que se movilizaba en una moto y quedó atrapado debajo del transporte de carga.

16. Daños a infraestructura urbana: Como postes de iluminación, semáforos, separadores viales, bancos, monumentos, tapas y rejillas de alcantarillas, entre otros. Las protestas de calle se han tornado tan violentas que han terminado por dañar sistemas de iluminación, de control del tráfico, así como mobiliario urbano.

17. Tala y quema de árboles para usarlos en la obstrucción de vías públicas: Así como en 2014 las más recientes víctimas de la violencia han sido los árboles. Los supuestos manifestantes han salido a las vías armados con motosierras para derribar árboles con décadas de vida para quemarlos mientras obstruyen el paso.

18. Asedio y ataques con armas y explosivos a bases militares (caso La Carlota) y a sedes policiales o militares. La MUD sueña con un enfrentamiento entre la FANB y sus activistas, como parte de lo que sería considerado una masacre. Entre la noche y madrugada de 20 al 21 de abril hubo un primer ensayo contra una alcabala en Fuerte Tiuna, a la par de los saqueos en El Valle. Posteriormente, tuvo lugar la serie prolongada de ataques a La Carlota que llegó al extremo del derribo de la cerca perimetral.

19. Asedio y quema de residencias de chavistas y de familiares de dirigentes o funcionarios: Si bien no es una práctica nueva, el asedio a la residencia o al centro de trabajo de una persona que es objetivo del hostigamiento ha llegado a extremos preocupantes en esta oportunidad. Ocurrió en la población merideña de Pueblo Llano, donde la casa de un artesano local fue incendiada por sus vecinos opositores.

20. Ataques desde edificaciones con objetos contundentes contra grupos de personas consideradas como chavistas: Almelina Carrillo es la víctima más visible de este tipo de práctica delictiva. Ocurrió el 19 de abril cuando un abogado que siguió las instrucciones dadas por el sociólogo Tulio Hernández arrojó un frasco con hielo hacia un grupo de chavistas que pasaban frente a su edificio en la Candelaria Norte. El objeto, lanzado desde un piso 21 no atinó a darle a un chavista, sino que golpeó a la trabajadora que iba a contravía. Falleció unos días después.

21. Asedio o amenazas para “inhabilitar” centros de votación donde se realizará la elección de la Asamblea Constituyente: Esta es la categoría delictiva más reciente que ha asumido la MUD y aunque apenas está siendo ensayada, ya tiene un prontuario. El CNE ya decidió establecer puntos alternativos para la votación de los centros donde ha habido perturbaciones tras los llamados formulados por Freddy Guevara y el propio Leopoldo López.

VÍCTOR HUGO MAJANO
CIUDAD CCS