CIUDAD MCY.- Al cumplirse este lunes 30 años del asesinato de 14 pescadores por las fuerzas represivas en la IV República, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se une al reclamo de justicia por parte del pueblo venezolano.

“¡Honor y Gloria!”, escribió el Jefe de Estado en su cuenta Twitter @NicolasMaduro, quien honró la memoria de las víctimas de la masacre ocurrida en la población apureña de El Amparo.

El 29 de octubre de 1988, en este poblado venezolano, frontera con Colombia, el Comando Específico José Antonio Páez (Cejap) realizó una incursión en armas con el pretexto de combatir grupos subversivos colombianos.

Coordinada por el general Humberto Camejo Arias, en conjunto con el jefe nacional de Operaciones de la extinta Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Henry López Sisco, este bloque militar apenas contaba con un año de haberse conformado.

De acuerdo con los testimonios de los dos sobrevivientes, aproximadamente a las 11 de la mañana, los pescadores que se encontraban a la orilla del caño a bordo de la lancha Cabra Pichona recibieron una ráfaga de balas justo al apagar el motor de la embarcación.

Pese a que las víctimas usaban ropa común y eran vecinos conocidos por la comunidad, los jerarcas militares de entonces los presentaron ante los medios de comunicación como integrantes de un grupo guerrillero con intenciones de sabotear un oleoducto de petróleo y secuestrar a ganaderos de la zona.

La versión Wollmer Pinilla y José Augusto Arias, los únicos que salieron vivos de la tragedia, permitió romper el velo impuesto por las fuerzas castrenses.

Aquel crimen generó protestas en toda Venezuela y se convirtió en símbolo de la violación de derechos humanos en la IV República.

Ante los ataques, Pinilla y Arias solicitaron asilo ante la embajada de México en Venezuela y posteriormente viajan a ese país.

En enero de 1989, las víctimas regresan de Ciudad de México para ponerse a la orden de las autoridades, por cuanto sobre ellos pesa un auto de detención

Encarcelados en la prisión de Santa Ana (Táchira), fueron procesados por un tribunal militar.

Sin embargo, el informe de una comisión creada por el antiguo congreso reveló que, en efecto, los pescadores recibieron los disparos por la espalda y parte posterior de la cabeza.

Los indicios permitieron arrojar la conclusión de que no se trataba de un enfrentamiento, sino de una masacre y los detenidos fueron puestos en libertad.

Sin embargo, el tribunal de entonces tampoco procesó a los militares incursos en la violación de los derechos humanos por actuar “en ejercicio legítimo de una autoridad o cargo y en defensa de sus personas”.

En 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anuló aquella sentencia que absolvió a los implicados en la masacre.

Entre los delitos cometidos por los implicados destacan el de homicidio intencional, homicidio intencional en grado de frustración y uso indebido de arma de fuego, en perjuicio de 16 personas, a los funcionarios acusados por haberle causado la muerte a 14 personas y lesiones a otras 2.

La masacre de El Amparo fue crimen que buscaba demostrar una supuesta eficiencia por parte de las fuerzas del Estado puntofijista en la lucha contra la guerrilla.

PSUV | TELESUR