Con la Ley de Convivencia Ciudadana del estado Aragua se garantizará la paz y el disfrute en todos los espacios públicos de la región | FOTOS ANA MONTAGNE

**El principio fundamental de la nueva normativa legal es de carácter formativo, por lo que el Gobierno regional promoverá talleres orientados a crear el proceso de concienciación que pretende dicho instrumento.

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos de cada persona y la sana interacción entre los ciudadanos, el gobernador Rodolfo Marco Torres, gestó la Ley de Convivencia Ciudadana, aprobada por el Parlamento regional el pasado 8 de enero y publicada en Gaceta Oficial número 2.692.

En este sentido, es importante destacar que la exposición de motivos de dicho instrumento legal refiere que “el objetivo fundamental de la ley, es crear normas básicas de convivencia que sirvan de herramienta efectiva para hacer frente a las nuevas situaciones y circunstancias que puedan afectar o alterar la convivencia pacífica”.

La secretaria general del Gobierno Bolivariano de Aragua, Mary Romero, explicó que tomando en consideración que la Ley de Convivencia Ciudadana tiene como principio el carácter formativo, actualmente se está en un proceso de educación de los funcionarios que tienen las facultades para la imposición de sanciones, de acuerdo con las acciones contenidas en la normativa.

Igualmente, se está haciendo la hoja de ruta de cuál será el proceso para la aplicación de sanciones.

“Inicialmente, se trabaja en la flagrancia y cómo será la cancelación de la multa, teniendo en cuenta que el organismo recaudador encargado es el Servicio Tributario de Aragua (SETA) que tiene taquillas disponibles en los municipios Ribas, Girardot, Sucre, Mariño y Mario Briceño Iragorry”, mencionó.

La secretaria general del Gobierno Bolivariano de Aragua, Mary Romero, precisó que la normativa regula, promueve y consolida las bases de la convivencia ciudadana.

Precisó que la ley se implementará a partir de mañana 1° de marzo en todo el territorio aragüeño, por lo que reiteró que la misma regula, promueve y consolida las bases de la convivencia ciudadana, entendida como el comportamiento cívico, el respeto a la vida pacífica, a los derechos y deberes ciudadanos y su interrelación con los espacios públicos y privados del estado Aragua.

Romero destacó que la Ley de Convivencia Ciudadana va en consonancia con todas las acciones que el Gobierno Bolivariano de Aragua ha tomado en los espacios que han sido rehabilitados y rescatados para el uso, el disfrute y la permanencia de los ciudadanos.

“Depende de la actitud y la conducta de los ciudadanos mantenerlos, en la medida en que los habitantes tomen conciencia de la conservación de los espacios de uso común, en esa misma medida, la comunidad gozará de lugares en buenas condiciones”, comentó.

PRESERVACIÓN Y CUIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS

Es preciso reiterar que con la Ley de Convivencia Ciudadana, el Gobierno Bolivariano de Aragua aspira promover la calidad de vida de los habitantes de la entidad, así como reforzar los principios y valores ciudadanos, a los fines de mejorar las relaciones de convivencia, ofreciendo herramientas para el fomento de comunidades seguras, de una cultura de paz, de armonía, la prevención del delito, la resolución de conflictos e incentivar el sentido de pertenencia de cada ciudadano y ciudadana.

La secretaria General de Gobierno indicó al respecto: “Estamos trabajando en la corresponsabilidad, se refiere no solo a la responsabilidad del Estado en la conservación de los espacios públicos, sino también a la del ciudadano común”.

Romero destacó que el gobernador Marco Torres ha hecho un gran esfuerzo para el rescate y la conservación de los mismos a través de los distintos entes adscritos a la administración regional que, a diario, hacen el mantenimiento de espacios como la plaza Bolívar de Maracay, la plaza Parque Bicentenario, el parque Felipe Guevara Rojas y el antiguo Hotel Jardín, de modo que la nueva normativa legal fomenta la corresponsabilidad de la ciudadanía en el cuidado y mantenimiento de los espacios públicos.

A FAVOR DE LA PAZ

La realidad actual de Aragua sugiere la necesidad de crear disposiciones para reforzar los principios y valores ciudadanos acordes con el espacio y las condiciones de la región, a objeto de ofrecer a toda la comunidad una herramienta de ayuda para mejorar las relaciones entre los particulares y fomentar la cultura de paz, la prevención de la violencia y el delito, el mejoramiento del medio ambiente y de otros aspectos que afectan su entorno vecinal.

Asumiendo los retos que se presentan día a día respecto a la problemática de convivencia entre las personas en los espacios públicos (vialidad, campos abiertos, plazas, centros de recreación, deportivos, culturales y de esparcimiento, entre otros) y espacios privados respecto a áreas comunes (canchas deportivas, pasillos, caminerías, parques infantiles, áreas verdes de conjuntos residenciales de nuevos urbanismos), así como también salas de fiestas, reuniones; establecimientos de expendios de alimentos y de mercancía seca, entre otros, es competencia de los distintos organismos de seguridad del estado, hacer cumplir la ley.

De igual forma, deben velar por el cumplimiento de la normativa legal, el Poder Popular, los y las funcionarios policiales, jueces y juezas de paz, bomberos, el Seta como organismo recaudador y funcionarios de vigilancia vial.

Así, en aras de asegurar la paz en la región, la Ley de Convivencia Ciudadana se fundamenta en los principios democráticos de igualdad, no discriminación, solidaridad, pluralismo, justicia social, tolerancia y corresponsabilidad.

Asimismo, la ley establece en el capítulo I, referido al comportamiento contrario en materia de convivencia, la penalización de 1500 unidades tributarias (UT), a quienes arrojen objetos o sustancias sobre las personas, no preserven el patrimonio público, realicen falsas alarmas, ocupen de manera ilegal espacios públicos o privados, obstaculicen la vía pública, no contribuyan con las personas en situación de vulnerabilidad, realicen necesidades fisiológicas en lugares públicos, ingieran bebidas alcohólicas en lugares públicos o hagan fiestas y reuniones que perturben la paz y tranquilidad de los moradores.

También registra la ley en su artículo 18, sobre el ofrecimiento del comercio sexual, una sanción de 3.000 UT, a quienes ofrezcan servicio sexual en vías o espacios públicos, realicen actos sexuales o que atenten contra la moral y las buenas costumbres.

LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE ES PRIORIDAD

El capítulo II de la ley está dedicado a la convivencia con el ambiente, por lo que se establecen sanciones para quienes arrojen basura o desperdicios en lugares o sitios no destinados para ello; o para quien conduzca un vehículo destinado a cualquier uso y contamine el ambiente.

De igual forma, regula la tenencia de animales domésticos y los lugares para colocar desechos de animales. Mientras que el capítulo III contempla las sanciones para quienes obstaculicen el uso del transporte público u obstaculicen la circulación, así como para aquellos motorizados que omitan el uso del casco o incumplan las normas de seguridad en cuanto al traslado de personas.

Adicionalmente, regula el uso de las pasarelas, de las luces de alta intensidad, el uso del cinturón de seguridad y el cumplimiento de las señales de tránsito.

ES UNA LEY FORMATIVA

La secretaria general de Gobierno, Mary Romero, sostiene que se ha desarrollado a lo largo de 20 años de la Revolución Bolivariana, esa conciencia de pueblo organizado y participativo, que debe hacer contraloría social, para la conservación de los espacios, “de modo que la Ley de Convivencia Ciudadana plasma lo que tanto hemos pregonado”.

Dicho instrumento legal establece que las autoridades competentes para hacerla cumplir son, en primer lugar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los efectivos policiales como funcionarios actuantes habilitados para la aplicación de la ley y de las sanciones que correspondan, entre otros actores incluidos.

“La ley contienen sanciones, pero principalmente tiene un carácter formativo, mostrándole al pueblo en general, cuáles son sus deberes, pero también sus derechos para el disfrute de la sana convivencia y del rescate de los valores en general y el respeto de la vida colectiva”, argumentó.

En este orden de ideas, informó que a propósito de la implementación del nuevo instrumento legal, se llevará a cabo un programa de concienciación a través de talleres de formación, pues el infractor deberá participar en el proceso de trasformación.

“El pago de la multa no trasforma, queremos una sociedad más justa, más humana”, enfatizó.

Vale resaltar que dichos talleres serán dictados por un equipo multidisciplinario, al que se incorporarán funcionarios de la Secretaría de Ambiente, de Infraestructura, de la secretaría de Seguridad Ciudadana y Guardia Patrimonial, entre otras dependencias.