**La espiral sancionatoria contra Venezuela se produce en un tiempo en el que la coerción unilateral e ilegal parece ser la única herramienta geopolítica del gobierno de Donald Trump.

CIUDAD MCY.- Tras la oficialización del bloqueo estadounidense contra Venezuela la noche del 5 de agosto, emitida a través de un decreto del presidente Donald Trump, las cadenas informativas capitalistas de la región, los medios derechistas venezolanos y representantes políticos del antichavismo están procurando una campaña para lavar la suciedad de la criminal acción.

El estructurado discurso se pliega al interés de posicionar una opinión favorable con relación a estas medidas, desestimando los impactos profundos que tendrá en el conjunto de la sociedad venezolana y en el funcionamiento del Estado venezolano.

NO ES AL GOBIERNO, ES AL ESTADO

Como en otras oportunidades, se insiste en que estas medidas coercitivas apuntan única y exclusivamente al gobierno venezolano, catalogado como «ilegítimo» por los asesores de la Casa Blanca.

Incluso el título de la orden ejecutiva lleva el tratamiento publicitario y afirma que se trata de un «bloqueo de activos al Gobierno de Venezuela».

Esto es falso, pues los activos sobre los cuales pesa la medida (Citgo, principalmente) no son propiedad del gobierno, sino del Estado. Y esto significa que, en última instancia, pertenecen a la nación. A todos los venezolanos.

Citgo y otros bienes y activos en territorio estadounidense no «pertenecen» al gobierno, aunque de él dependa su administración y gestión.

Pero la narrativa de presentarlo de esta manera ante la opinión pública persigue el doble objetivo de desaparecer a la sociedad venezolana en su conjunto como víctima principal del embargo recientemente declarado, al mismo tiempo que encubre el enorme robo a bienes económicos de todos los venezolanos, valorados en más de 20 mil millones de dólares.

ALCANCES DE LA MEDIDA CRIMINAL

Aunque las transacciones entre terceros (países o empresas) y el Estado venezolano también quedan prohibidas, a menos que sea emitida alguna licencia específica que autorice dichas operaciones, se insiste en hacerle mutis a la gravedad de esta acción.

En realidad, el decreto gringo obliga a la ruptura masiva de relaciones económicas y comerciales con el Estado venezolano en todo el mundo, al prohibir cualquier tipo de intercambio para la importación de bienes básicos para el país.

Esto se conoce como «sanciones secundarias», un poder supra con el que cuenta ahora el Departamento del Tesoro para emitir sanciones, penas o multas, discrecionalmente, a empresas o países que sostengan operaciones financieras, económicas o comerciales con el Estado venezolano.

Estas sanciones tendrían como objetivo perjudicar la participación de determinada empresa en el mercado estadounidense, utilizando el riesgo de un posible daño reputacional o financiero como arma política de chantaje. Con ese enfoque extorsivo proceden estos mecanismos de presión y guerra económica. Así, el radio de acción de la apropiación es tan amplio como un océano.

OBJETIVO: AFIXIAR AL PUEBLO

Las consecuencias son lógicas: el desmantelamiento del sistema de protección social del Estado venezolano, el deterioro progresivo de los servicios públicos y alentar el malestar económico producto de la escasez y encarecimiento de alimentos y medicinas.

Pero estos obstáculos y afectaciones a la población ya vienen ocurriendo desde hace años, bajo una lógica acumulativa e incremental. En tal sentido, el rasgo que diferencia el alcance de esta orden ejecutiva yace en el sello legal que le imprime al bloqueo económico, financiero y comercial iniciado en 2015.

SECTOR PRIVADO SÍ SERA AFECTADO

Al continuar la narrativa propagada por los medios y representantes del antichavismo, el sector privado no se vería afectado. Ambos parecen olvidar que las empresas estadounidenses que exportan productos o mantienen operaciones conjuntas con Pdvsa serán afectadas severamente.

Pero el mensaje implícito es que la empresa privada equilibrará la situación y no sufrirá obstáculos para sus actividades ordinarias.

Y es justo en este elemento donde la estructura legal de la orden ejecutiva choca de forma catastrófica con la realidad, generando efectos demoledores.

La composición de la economía venezolana es rentista e importadora, así se ha desarrollado a lo largo de 100 años luego de la introducción del petróleo como eje de gravitación económica de la sociedad venezolana a principios del siglo XX.

Las compañías petroleras estadounidenses fueron clave en la creación de este sistema hecho a la medida de sus intereses, lo que convirtió al mercado estadounidense en el «espacio natural» para la compra de mercaderías y punto de llegada de la fuga de capitales.

Este factor estructural creó una relación de dependencia del sector privado con respecto al Estado y al mercado estadounidense, que fueron transformados rápidamente en fuentes de acumulación originaria bajo una lógica delictiva, monopolista y periférica.

El cuasi monopolio estatal sobre los petrodólares generados por la República hizo del mismo una caja chica con la que el empresariado venezolano ha sostenido un modelo de acumulación basado en las importaciones o en contratos públicos en diversas áreas de la economía nacional.

En consecuencia, el sector privado venezolano está ligado al Estado desde su nacimiento.

La orden ejecutiva autoriza emitir sanciones secundarias a privados que mantengan negocios directa o indirectamente con el Estado venezolano, y que ostenten cierto nivel de exposición o participación dentro del mercado estadounidense.

La naturaleza importadora del sector privado nacional provoca que ambas tesis se cumplan en áreas que vinculan servicios y bienes básicos.

La gran mayoría de empresas importadoras venezolanas están registradas en Estados Unidos y esa facilidad permite mantener activo el flujo de importaciones, acceder a líneas de crédito estadounidense y tercerizar servicios de diversa índole que tienen su origen allí. El papel del Estado, como fue durante muchos años, es el de proveer las divisas para sostener estas importaciones.

Desde esta perspectiva, la condición general del sector privado radica en una relación simbiótica con el Estado y en una dependencia total al mercado estadounidense.

La orden ejecutiva de Trump representa un conjunto de obstáculos y trabas que todavía están por mostrar sus verdaderos alcances.

MARCOS GAVIDIA