JJ ÁLVAREZ

El Ministerio Público (MP), dejado atrás por la exfiscal Luisa Ortega Díaz, contó con un grupo de funcionarios corrompidos que extorsionaban y chantajeaban a empresarios. Esos funcionarios fueron denunciados, el pasado miércoles, ante el nuevo fiscal general de la República, Tarek William Saab, por el constituyente Diosdado Cabello. Entre los denunciados figuran, por ahora: Luis Sánchez, Pedro Lopera, José Rafael Parra Zaluzzo (abogado), Gioconda García (González), y el diputado Germán Ferrer (esposo de la exfiscal).

Dicha mafia, organizada en el anterior Ministerio Público, abrió, con el apoyo de José Aguilar Millán, empleado del banco off shore UBS de Nassau, en Las Bahamas, varias cuentas por un valor de 7 millones ciento dieciocho mil 321 dólares, producto de actividades ilícitas.

Luisa Ortega Díaz y su grupo, con plena impunidad, quebraron la Constitución y las leyes, violaron las normas y los más altos valores de la Patria; crearon, en definitiva, la conspiración de una grotesca mafia que tenía su entelequia en la mente corrompida de la dirigencia de la Mesa de la Unidad (MUD) y sus sagrados ejecutores de terrorismo.

Esto no se trata solo de una traición a los principios constitucionales, legales y morales del país, sino que se trata de actos que traicionan al Estado en serio perjuicio a la credibilidad y al prestigio internacional de la Revolución Bolivariana y un atentado contra la propia seguridad de nuestra Patria.

La mafia del anterior Ministerio Público, corrupta, miserable, mezquina, prepotente y ambiciosa que se creyó por encima de todos los demás, y que perdió todos los valores que deben servir de normas a los funcionarios públicos, no es merecedora de indulgencia alguna.

Es duro que el nuevo fiscal general de la República y la Asamblea Nacional Constituyente lleven hasta las últimas consecuencias penales a quienes no cumplieron con sus deberes y no le importó renunciar a la oportunidad de una vida digna.