Fuentes: misiónverdad.com/rebelión.org/hispantv/resumenlatinoameriocano.org

**El régimen fascista de la autoproclamada Janine Áñez y sus adláteres Camacho, Mesa y Kaliman continúa con la programada maquinaria de persecución, represión y muerte contra movilizados y militantes que rechazan el derrocamiento inducido del presidente Evo Morales.

CIUDAD MCY.- El asesinato como máxima forma de represión estatal, el ataque continuo contra las mujeres, el desprecio visceral contra el pueblo indígena y campesino, la ilegalidad como forma de justificar un gobierno nacido en las sombras más oscuras del golpismo, la censura abierta de medios de comunicación nacionales y extranjeros y un blindaje internacional –donde destaca la Organización de Estados Americanos (OEA)– son las principales características que mostró la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, y su gabinete, conformado por la ultraderecha más racista del país.

En apenas unos días, Áñez ordenó una cacería total contra los cientos de miles de personas que se movilizan en rechazo al golpe de Estado que derrocó al mandatario Evo Morales, ahora exiliado junto a su vicepresidente Álvaro García Linera en México. Las Fuerzas Armadas y la policía boliviana ya cuentan en su haber la responsabilidad por la muerte de más de 20 ciudadanos, 542 heridos y casi 630 detenidos.

DINERO PARA REPRIMIR

Como si la represión desatada por Áñez fuera poca, la mandataria de facto destinó 5 millones de dólares a las Fuerzas Armadas al autorizar al ministro de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, a realizar una asignación presupuestaria de recursos adicionales.

“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación, a realizar la asignación presupuestaria de recursos adicionales por un monto de Bs 34.796.098, a favor del Ministerio de Defensa, destinados al equipamiento de las Fuerzas Armadas”, se leía en el texto del decreto número 4082.

La orden ejecutiva, rubricada por la autoproclamada presidenta interina y sus 17 ministros de Estado, aprobaba así la asignación de 34,7 millones de bolivianos ($ 5 millones) para mejorar el “equipamiento” de las Fuerzas Armadas, y complementa el decreto número 4078, al eximir de toda “responsabilidad penal” a las fuerzas de seguridad del país por delitos cometidos en operativos militares durante las marchas.

LICENCIA PARA MATAR

El texto complementario del decreto 4078 pretende eximir de responsabilidad penal a los militares responsables de los crímenes cometidos durante las crecientes protestas y en el que los autoriza a usar «todos sus medios disponibles» para controlar las manifestaciones.

El artículo tres del decreto establece: «El personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal».

El artículo siguiente señala que los militares «deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante decreto supremo 27.977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la emisión de este «grave decreto» que exime de «responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas de Bolivia que participe en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno».

La Comisión dice que el documento «desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta». Además, la CIDH condenó cualquier acto administrativo del Gobierno «que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional». Particularmente, el organismo se refirió a las actuaciones de las fuerzas armadas en las protestas sociales.

«Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos».

CUERPO PARA PERSEGUIR

Al mismo tiempo, el gobierno de facto de Bolivia anunció la creación de un «aparato especial» que estará a cargo de detener a aquellos legisladores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, que cometan presuntamente actos subversivos y sedición, aseguró el ministro interino del Gobierno, Arturo Murillo.

Murillo explicó que pronto comenzará a detener a las personas indicadas. «A partir del lunes (18 de noviembre) voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales», destacó.

Ya la semana pasada, cuando asumió de facto la dirección del Ministerio de Gobierno, Murillo afirmó que el nuevo gobierno iría «a la cacería» de Juan Ramón Quintana, ministro de Presidencia durante la gestión del MAS, y Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, exiliado en México.

La política represiva del régimen se hizo eco en la voz de Murillo al denunciar, sin prueba alguna, que grupos criminales ligados al narcotráfico amenazaron la vida de Áñez.

Sin ruborizarse, Murillo declaró que esos supuestos grupos “quieren hacer una Venezuela, pero Bolivia les dijo no”.

COMPLEJA ENCRUCIJADA

Estas amenazas se dan dentro del cuadro de licencias para matar y para perseguir, ruptura del Estado de derecho, 27 muertos, centenares de heridos, y una protección mediática de grandes medios y editoriales que, de forma cómplice, niegan que exista un golpe de Estado en Bolivia.

Ese escenario no ha detenido las masivas protestas sociales que se han dado en diferentes partes del país, así como las que ya se ha anunciado que tendrán lugar. Así, por ejemplo, tuvo lugar un cabildo en Sacaba –sitio donde tuvo lugar la masacre en la que fueron asesinadas nueve personas durante la represión– y allí se determinó exigir “la renuncia de la autoproclamada presidente de facto Jeanine Áñez en un plazo de 48 horas”.

En el cabildo también fue aprobada la exigencia del “repliegue inmediato de las Fuerzas Armadas”, así como la “aprobación de una ley por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional que garantice las elecciones nacionales en un plazo de noventa días”.

En El Alto también tuvo lugar un cabildo masivo y una de las protestas más complejas de afrontar para el gobierno de facto: el bloqueo al acceso de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en Senkata, de donde sale gasolina y gas licuado y donde fueron asesinados ocho manifestantes en una masiva operación militar-policial.

De esta manera, luego de una semana de la renuncia de Morales y García Linera, Bolivia se encuentra bajo un escenario de tres frentes: la persecución golpista en cada uno de los niveles políticos y sociales, la pregunta acerca de qué sucederá en el Poder Legislativo y una situación de aumento de los levantamientos contra el golpe. La salida electoral, que parece ser el único punto compartido, aún parece difusa.

MARCOS GAVIDIA