**La Universidad Javeriana investigó sobre empresas colombianas y extranjeras mencionadas en sentencias judiciales que colaboraron con grupos paramilitares. Esta criminal alianza permitió la muerte de opositores al modelo económico y político neoliberal.

CIUDAD MCY.- Sectores de la economía nacional como el de la explotación de hidrocarburos, los monocultivos de caña de azúcar y palma de cera, la ganadería extensiva junto a la producción de contenidos en medios de comunicación tradicionales, colaboraron con grupos paramilitares y son responsables de su promoción y consolidación en toda Colombia desde hace más de dos décadas.

Para las empresas los líderes y lideresas no permiten los abusos de sus negocios, por ello necesitaron que paramilitares utilizaran la violencia en favor de los intereses económicos de empresas como Chiquita Brands y Postobón.

La Ley de Justicia y Paz de 2005, que permitió la desmovilización de grupos paramilitares en el gobierno de Álvaro Uribe, fue un escenario para que paramilitares como Salvatore Mancuso, el Iguano, Monoleche y muchos más confesaran cómo funcionaban estas estructuras criminales. Varias empresas colombianas e internacionales apoyaron con dinero y logística a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según estos comandantes.

RCN Televisión, la Federación Nacional de Ganaderos, Ecopetrol, Chiquita Brands, Postobón, Cementos Argos, son algunas de las empresas señaladas mediante testimonios de los paramilitares.

EXTRACTIVISMO

Por ejemplo, Ecopetrol es señalada por Salvatore Mancuso de pagar un porcentaje del monto de los contratos adjudicados que “oscilaba entre 2% y 5%, dependiendo del valor y la naturaleza del mismo, obras civiles, prestación de servicios o suministro de bienes”.

El pago del porcentaje, que confesó Mancuso, podía cancelarse de contado o en cuotas mensuales. En ocasiones, estos desembolsos se hacían en especie, representados en artículos de primera necesidad. Igualmente, Ecopetrol realizó entrega de dinero voluntario a las AUC a cambio de seguridad.

Ecopetrol promovió varios homicidios en la llamada “limpieza social” en la zona en donde estaban instaladas las sedes petroleras, “decían que combatían a extorsionistas y guerrilleros, y los pagos a los paramilitares eran hechos directamente por los directivos y administradores de cada una de las empresas. Se consideraba a Ecopetrol como un integrante orgánico de la estructura del Bloque Catatumbo pues tenía capacidad para decidir asesinatos”, sentenció Mancuso.

MONOCULTIVO DE CAÑA

Postobón, del grupo empresarial de Carlos Ardila, según Javier Antonio Quintero, jefe del Frente Héctor Julio Peinado en el departamento Cesar, le daba mensualmente 15 cajas de bebidas a la unidad paramilitar para luego negociarlas en un depósito. Le ordenaban a un carro que repartía las bebidas que las dejara en determinado lugar, y la persona del depósito le daba al Frente $150.000 pesos mensuales. “Eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba el año 1999 o 2000”, reafirmó Armando Madariaga Picón.

Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, señaló que Postobón en Norte de Santander ayudaba por intermedio de sus gerentes a cambio de seguridad. Los mayores aportes los recibió el Frente Fronteras. Postobón fue una de las empresas que más contribuyó con las finanzas del Bloque Catatumbo, una región golpeada significativamente por el paramilitarismo.

GANADERÍA EXTENSIVA

De igual manera, en este departamento del nororiente colombiano, la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) integró activamente la estructura del Bloque Catatumbo, hasta el punto de “ostentar poder de mando y control”, declaró Mancuso. Se le sindicó de utilizar su rol económico para materializar el cumplimiento de los objetivos criminales aliados a la ganadería extensiva.

En Córdoba, Fedegan es señalada pues el ganadero Rodrigo García Caicedo sirvió como intermediario para contactar a otros empresarios industriales, para concretar formas de cooperación con los paramilitares y expandir su alcance criminal en el departamento del Valle del Cauca.

MULTINACIONALES

La empresa estadounidense, Chiquita Brands, según Jesús Ignacio Roldán, conocido como Monoleche, aseguró que, en noviembre de 2001, en el puerto de Chiquita Brands, en el departamento Magdalena, ingresaron 14 contenedores con 3 mil 400 fusiles AK 47 y 7 millones de cartuchos para fusil con destino a los grupos paramilitares, traídos en el buque Otterloo.

“Los contenedores descargaron en la bodega de Chiquita Brands y la empresa envió una grúa sofisticada para su movilización. Los 14 contenedores, que fueron declarados ante la DIAN como un cargamento de pelotas de caucho, fueron trasladados luego a las fincas La Rinconada y La Maporita”, explicó Roldán, comandante del Bloque Bananero de las AUC.

Coca-Cola, que no es mencionada por el estudio de la Universidad Javeriana, fue llevada a juicio en EEUU gracias a las denuncias del sindicato colombiano Sinaltrainal. Esto porque la multinacional contrató paramilitares de las AUC para asesinar a nueve sindicalistas en sus plantas embotelladoras entre los años 1990 y 2002.

Uno de los líderes sindicales asesinados fue Isidro Segundo Gil, dirigente de Sinaltrainal, quien negociaba un pliego de peticiones con la planta de Coca-Cola en Carepa-Antioquia. La mañana del 5 de diciembre de 1996 un grupo de paramilitares de las AUC llegó hasta el sindicato de la embotelladora y lo asesinó.

Sin embargo, en 2003, la Corte norteamericana desestimó a Coca-Cola Company como responsable porque el asesinato tuvo lugar fuera de EEUU y, por tanto, demasiado lejos (física y causalmente) de la compañía en Atlanta. El Tribunal permitió que el caso siguiera adelante contra dos embotelladoras de Coca-Cola.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En cuanto a RCN Televisión -también del grupo empresarial Ardila Lulle-, el comandante nacional de las AUC, Salvatore Mancuso, afirmó que RCN y otros medios como Caracol tuvieron “complacencia con el accionar de las autodefensas” por haber transmitido entrevistas en las que se exaltaba a Carlos Castaño como “el líder de la lucha contra la subversión”.

A pesar de que estas empresas han sido encontradas culpables de apoyar a los grupos paramilitares, tanto en el Tribunal de Justicia y Paz como en la Justicia Especial para la Paz (JEP), creada en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), se excluyen a estas empresas y personajes como Ardila Lulle para ser condenados.

ESPERANZAS DE JUSTICIA

Verdaderamente, es una de las reparaciones más importantes para las víctimas del conflicto social, político y armado que sufre Colombia desde hace décadas. Conocer los responsables de las masacres, asesinatos, desapariciones, desplazamientos, amenazas, entre otros, es un reclamo fundamental para superar la guerra y sus causas.

Entonces, aunque la justicia ordinaria colombiana es la responsable de condenar a políticos y empresarios vinculados a crímenes como el asesinato de líderes y lideresas sociales, jurisdicciones especiales como Justicia y Paz y la JEP han mostrado interés.

Reparar a las víctimas y garantizar la paz en condiciones de vida digna son responsabilidades del Estado. Negar que grandes empresas como Ecopetrol y Chiquita Brands, así como empresarios como Carlos Ardila Lulle, tienen vínculos con el paramilitarismo es como negar la sistematicidad de los asesinatos a líderes y lideresas sociales en Colombia.

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