CIUDAD MCY.-El diputado de la Asamblea Nacional, doctor en Derecho Constitucional, Hermann Escarrá, analizó en el programa A Pulso que transmite Venezolana de Televisión (VTV), la propuesta del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de hacer una enmienda constitucional para incorporar la aplicación de la cadena perpetua, por delitos de corrupción y traición a la patria, la cual, como todos los procesos constitucionales, debe ser convocado y consultado el pueblo.
Aclaró que la enmienda es una adición que se le hace a la Constitución, la cual debe ser aprobada por el pueblo. “La enmienda tiene una iniciativa presidencial, una iniciativa ciudadana, parlamentaria. El presidente convoca a la enmienda y el pueblo sale a votar como está acostumbrado en la democracia participativa y protagónica”, indicó el diputado.
Aseguró que el jefe de Estado, llama a una Consulta Popular para preguntarle al pueblo de manera democrática, si está o no de acuerdo con la enmienda sobre la cadena perpetua en Venezuela.
Esta propuesta de enmienda surge luego de los casos de corrupción ocurridos en Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa), por lo cual el mandatario nacional busca la manera legal, de hacer pagar con todo el peso de la ley a los corruptos y traidores de la patria.
Con respecto a este tema jurídico, Escarrá trajo a colación el caso de la ley mexicana, la cual establece 40 años de cárcel sin favorecimientos procesales, para la persona que ha incurrido en corrupción, atentado contra el Estado o pide intervención militar contra un Gobierno Legítimo.
Asimismo, recalcó que Venezuela con su condición de liderazgo en las naciones, debe mantener por un lado la aplicación de la justicia con severidad, seriedad y por otro lado desradicalizar cualquier posición.
Explicó sobre el borrador de la enmienda de Cadena Perpetua que él mismo redactó, que contempla siete artículos, en uno de ellos tiene previsto el decomiso de todas las propiedades y adquisiciones que se hayan obtenido con el dinero del pueblo.
Indicó que el delito de corrupción se aplica a todos los ciudadanos que lo cometen, no solo a los funcionarios públicos.
Asimismo, la enmienda se aplicará en todo el territorio nacional. La magnitud del hecho delictivo determinará la sanción y acciones que se tomarán con los implicados.
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