˃Acciones de confrontación de la derecha peruana desde el primer día, problemas internos por nombramientos cuestionados, denuncias de corrupción y el alejamiento del esperado programa de cambios, han puesto al país a enfrentar una crisis social y política a solo ocho meses de que Pedro Castillo asumiera la presidencia

CIUDAD MCY.- El presidente del Perú, Pedro Castillo, se decidió por la contención de las protestas sociales y complicó más su situación. Más de 11 millones de peruanos amanecieron el martes en medio de un toque de queda y bajo la ley de estado de emergencia, que implica ejecutar detenciones sin orden judicial y de suspender una serie derechos ciudadanos constitucionales

Decretar el estado de emergencia e imponer un toque de queda fue la cuestionada respuesta del gobierno a las protestas sociales contra el alza de precios, fundamentalmente combustibles y alimentos, que derivaron en violencia, bloqueos de carreteras y algunos saqueos.

Para el Presidente el objetivo de la medida era restablecer la paz y el orden interno y resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impediría el abastecimiento de los servicios esenciales.

Sin embargo, la noche del martes, luego de un día muy tenso, el presidente Castillo levantó, más de seis horas antes de que venciera, el toque de queda que había impuesto en Lima y la vecina Callao para casi todo el día.

Poco antes, el mandatario anunciaba desde el Congreso, que derogaba el toque de queda, en una reunión con autoridades parlamentarias y jefes de bancadas que sucedió a una jornada de enorme tensión por las múltiples reacciones de oposición a la medida.

PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO

Miles de personas salieron a las calles. En barrios acomodados y de clase media hubo movilizaciones contra el gobierno, exigiendo la renuncia de Castillo. Los manifestantes llegaron hasta una cuadra del Congreso, donde fueron retenidos por un cordón policial. Al momento Castillo se reunía allí con un grupo de legisladores. Fuerzas de choque del fujimorismo y otros grupos protagonizaron actos de violencia y hubo choques entre manifestantes y la policía.

En meses previos las movilizaciones para exigir la renuncia de Castillo, promovidas por la derecha golpista, resultaron un fracaso por su escasa convocatoria, pero la declaración del estado de emergencia y la suspensión de garantías catalizaron a muchos a sumarse a esas movilizaciones. En las zonas populares de Lima, duramente golpeadas por el alza de precios no hubo movilizaciones, pero creció la indignación por una inmovilidad que afectaba más sus precarias economías.

DERECHA PESCA EN RIO REVUELTO

La clase política progresista peruana advirtió contra las ambiciones de la extrema derecha de aprovechar las protestas sociales para desalojar al presidente Pedro Castillo y hacerse del poder.

La líder del Movimiento Nuevo Perú, Anahí Durand, comentó: “Vivimos una coyuntura con grupos de poder (parlamentarios y medios de prensa) a la expectativa de que las protestas desborden y generen una estructura de oportunidad política favorable a sus posturas golpistas y desestabilizadora”.

Durand agregó, en un análisis sobre las manifestaciones de los últimos días en Lima y otras ciudades, que privaba mucha “responsabilidad y ponderación”.

La dirigente hizo el comentario porque considera que las limitaciones, la débil politización y la fragmentación de las protestas, ante los efectos del modelo neoliberal, los gobiernos optan por la represión en vez de fortalecer las organizaciones sociales como interlocutores.

Otro parlamentario de izquierda, Guillermo Bermejo hizo notar que la derecha, con el apoyo de sus medios de prensa, siempre había subestimado y criminalizado las manifestaciones de descontento, pero ahora incita la violencia.

“Pretenden usar el justo reclamo de la gente, en tres décadas de neoliberalismo, para tumbar al primer gobierno de izquierda”, argumentó Bermejo. De la misma forma llamó al diálogo entre el Gobierno y el pueblo organizado, al margen de los golpistas.

Para la oposición, tras dos intentos fracasados de vacar (destituir) a Castillo en el Congreso, al ver agotada la vía parlamentaria para un golpe, sectores identificados con la ultraderecha están en una lógica insurreccional.

Sin embargo, el Gobierno opta por subestimar la acumulación de demandas y la frustración social, pero eso no debería apartar su mirada de la voluntad golpista a la que hay que cerrarle el paso.

CONTEXTO MUNDIAL Y REGIONAL

Las alzas de los precios de combustible y alimentos, impulsadas por la crisis producida por las acciones bélicas en Ucrania, han agravado hasta el límite de la resistencia la precaria situación de un importante sector de la población que ya estaba muy golpeado por la pandemia.

Esa desesperación estalló en rabia contra el Gobierno. La derecha, que culpa por el alza de precios al gobierno desconociendo el escenario internacional, busca subirse a las protestas sociales de los sectores populares, las que antes siempre ha criminalizado, para sacarles provecho en su afán de desestabilizar al gobierno.

Lo hace después de haber fracasado en su convocatoria desde el inicio del gobierno a movilizaciones antigubernamentales con discurso golpista, que quedaron limitadas a Lima y con escasa convocatoria.

También entró en el debate, la decisión de la Presidencia pro témpore de Argentina al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de manifestar su apoyo al presidente de Pedro Castillo´

No obstante, la directiva del organismo regional ve con preocupación y pesar la pérdida de vidas en Perú, al tiempo, en medio de una crisis desatada por un paro de transportistas, el cual se extendió al resto de la nación y otros sectores.

MARCOS GAVIDIA