CIUDAD MCY.- La Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó este sábado dos nuevos hechos de violencia ocurridos durante las últimas horas en el departamento de Arauca (noreste), donde la situación de inseguridad debido a enfrentamientos de grupos armados ilegales provocó en lo que va de año 33 víctimas mortales y el desplazamiento de 170 familias desplazadas.
A través de su cuenta oficial en Twitter, la agencia denunció la quema de un autobús en la vereda Sabana del Sarapay (municipio Tame), así como la detonación de explosivos en la vereda El Consuelo, a la salida del municipio de Saravena, vía Tame, que dañó varias viviendas.
La Defensoría exigió “a los grupos armados dejar al margen de sus acciones a la población civil y el respeto por los derechos humanos”.
Según la Defensoría y medios locales, los pasajeros a bordo del ómnibus que cubría el tramo Arauca-Bogotá, entre ellos menores de edad, fueron obligados a la medianoche a bajar del vehículo, recibieron amenazas y les impidieron tomar su equipaje, que fue incinerado a bordo del bus.
De acuerdo con medios locales, a través de las redes sociales se difundió una comunicación de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
En esa comunicación se atribuyen la autoría de la detonación de explosivos, que estaba dirigido contra una patrulla del Ejército Nacional que se movilizaba en blindados por esa zona del departamento. No se reportaron heridos.
Según esos reportes de prensa, en dicha comunicación un líder del grupo armado ilegal exigió a los transportadores de carga cesar sus actividades en el departamento y añadió que solo se permitirá el transporte intermunicipal.
La semana pasada, el presidente Iván Duque ordenó enviar a Arauca varios batallones y medios militares con la intención de controlar la situación de seguridad.
Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron en aquel momento que la militarización del departamento no resolvería el problema de la violencia, cuya génesis está, según valoraron, en el abandono histórico por el Estado colombiano del sector rural, la pobreza y el incumplimiento del Acuerdo de Paz.
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