SECUESTRADOS $ 2 MIL MILLONES

 

**Es grave que la política exterior del Reino Unido neutralice a la justicia, ocasionando severos daños a los intereses del Estado venezolano**

CIUDAD MCY.- El delincuencial secuestro del oro venezolano en las bóvedas del Banco de Inglaterra, en Londres, ha sido desde el principio un caso político. No solo porque el gobierno de Boris Johnson decidió, y seguro también lo hará la nueva primera ministra, reconocer a Juan Guaidó como supuesto «presidente interino» de Venezuela, sino también por el insólito fallo de la Justicia británica en contra de Venezuela, muy cónsono con su historia de “piratería” colonial, la cual le negó el acceso al país a sus reservas de 31 toneladas de oro, valuadas en unos 2.000 millones de dólares, en manos del Banco de Inglaterra.

Este dictamen corroboró dos cosas: primero, que eso de la «separación de poderes», muy esgrimido por la derecha mundial y un tanto o más por la interna, es una invención sin fundamento aún en el país que parió la idea del liberalismo político; y segundo, que la misma institucionalidad que dice promover la democracia, los derechos humanos y las libertades económicas, se encuentra desnuda ante el resto del mundo, confirmando su carácter de “ladronismo” oficializado.

 

ROBO CON ORIGEN INSTITUCIONAL

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del expresidente Donald Trump, y quien recientemente confesó ante las cámaras que había planificado golpes de Estado, publicó un libro hace poco en donde contaba que el exsecretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, estaba «encantado» de congelar el oro de Venezuela en apoyo de los esfuerzos de desestabilización de Estados Unidos contra el gobierno del presidente Maduro, cuando comenzó el «proyecto Guaidó» en 2019.

Ante una indagación periodística el Ministerio de Asuntos Exteriores británico se negó a divulgar información sobre la presión de EEU para congelar el oro perteneciente a los venezolanos.

De acuerdo a la Ley por la Libertad de la Información (FOIA, siglas en inglés) reconoce la necesidad de proteger la información que podría perjudicar las relaciones entre Reino Unido y EEUU, si se publican datos relacionados que pudieran dañar las relaciones con Estados Unidos de América.

Por un lado, la opacidad total y la corrupta administración con la que Guaidó y su secta política han manejado recursos provistos por EEUU se ha conocido de manera pública por actores que han estado dentro de su «interinato» claramente inconstitucional y por otros voceros mediáticos.

Reino Unido, por otro, promueve sus intereses energéticos en Venezuela usando de soporte la oposición cercana al «proyecto Guaidó». En momentos signados por una crisis de materias primas a escala global, a raíz de la guerra total desenfrenada por Washington contra Rusia, los intereses británicos en el petróleo y el gas venezolanos pudieran estar motivando a los poderes judiciales en involucrarse en la agenda desestabilizadora.

 

LUCHA JUDICIAL VENEZOLANA

El caso del oro venezolano en Londres se remonta a mayo de 2020, cuando el BCV presentó una demanda contra el Banco de Inglaterra por su negativa a dar acceso a sus reservas auríferas.

Esta parte del proceso se centró en si la justicia británica considera legítima la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Guaidó tras autoproclamarse como mandatario interino. Los directivos nombrados por el opositor –que no tienen injerencia alguna en el BCV- ordenaron al Banco de Inglaterra no entregar los lingotes a la junta directiva del oficialismo.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez tachó la decisión de terrible, nefasta, insólita y destemplada, y llamó al gobierno británico a rectificar y no seguir con la payasada de pretender que Juan Guaidó es presidente de un país, “que no lo es y no lo será nunca porque el pueblo conoce su historial al frente de un grupo criminal que, entre otras cosas, causó mucho daño llamando a invasiones, crímenes y bloqueos económicos”, dijo Rodríguez.

Agregó que Guaidó no goza del afecto del pueblo venezolano y aseguró que en Venezuela se hará justicia con ese grupo criminal. La vicepresidenta dejó claro que el BCV, único facultado para administrar esos activos, dejó esas reservas en custodia en Reino Unido, y la decisión del tribunal viola el derecho internacional.

“Es sumamente grave que la política exterior británica, que en este caso directamente amordazó a sus tribunales, ocasione graves daños a los derechos e intereses de ciudadanos, de las instituciones y de otros estados”, añadió.

Un codicioso botín para la banda de estafadores que, tras haber obtenido de sus padrinos de Washington la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra su propio país, intentaron confiscar sus bienes en el extranjero por cuenta de la administración estadounidense.

Ahora bien, tras un juicio, la jueza Sara Cockerill encontró que la ley británica no permite validar sentencias por las que el Tribunal Supremo venezolano revocó los nombramientos del consejo del BCV hechos por Guaidó. El fallo de la juez británica, sin embargo, aún no autoriza al autoproclamado a hacerse con el botín. Habrá que esperar a otra audiencia, y a un nuevo recurso presentado por el gobierno bolivariano.

 

FIESTAS CON RESERVAS

Aunque parezca ridícula la situación, a esta altura del descrédito interno y externo de Guaidó, cabeza local visible del plan Trump para terminar con el gobierno de Nicolás Maduro, hubo jolgorios en sectores opositores urgidos de anotarse una victoria.

En medio del congelamiento de la estrategia Trump, por parte de la administración Biden y la salida del gobierno por la puerta de servicio de Duque en Colombia, el fallo de la justicia británica es casi el único “respirito” que le queda a Guaidó para mostrarse que controla algo.

 

Sin embargo, no fue así, la rechazada decisión de la jueza Cockerill, no cambia una decisión previa que impide a Guaidó hacerse de esos fondos, o utilizarlos de alguna manera. De cualquier forma, partidos guaidosistas, como Primero Justicia, abrieron el paraguas y pidieron “un permanente mecanismo transparente de manejo y rendición de esos activos”.

“Aprovechamos esta decisión sobre el oro venezolano para ratificar la necesidad urgente (…) de despartidizar el manejo de los activos de la República y crear un fideicomiso independiente, técnico y transparente”, vaya ataque de consciencia.

 

Queda claro que la piratería en este caso no es solo inglesa, claramente, sino hacia adentro de la oposición. La otra interrogante que queda abierta es ¿hasta cuándo se mantendrá el “status quo” de no detener a Guaidó, quien sigue en Venezuela, ahora con la potestad, pero con limitantes, sobre casi 2 mil millones de dólares en oro, pirateados?­

Fuentes: REBELION.ORG/MISIONVERDAD/HISPANTV

MARCOS GAVIDIA