CIUDAD MCY.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que, tras confirmarse amenazas de muerte, otorgó medidas cautelares a favor del binomio presidencial electo en Guatemala, integrado por César Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar.

La medida se tomó ante los múltiples acosos, así como la denuncia de un posible plan denominado “Colosio” con el cual buscarían dar muerte al mandatario electo el pasado 20 de agosto.

En la Resolución 48/2023 de la CIDH la Comisión resalta que el equipo de seguridad de Arévalo recibió información preocupante sobre un plan para asesinarlo.

La estrategia tendría como actores a agentes estatales e individuos particulares, detalla el documento de la CIDH, el cual menciona que este plan habría sido conocido por tres fuentes dentro de instituciones estatales, «con alto grado de fiabilidad y que no se conocen entre sí».

Según la resolución y denuncias previas, el intento de asesinato también podría venir de grupos de pandillas que operan en Guatemala.

Sin embargo, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) de la Presidencia de Guatemala, aseguró que no tenía conocimiento del plan para asesinar a Arévalo, mientras que la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) señaló que no existía una “amenaza real”.

Arévalo dijo el jueves que se aceptaron las medidas cautelares ante las notificaciones que les hacen tener la existencia de amenazas directas, «estamos coordinando con el Gobierno de la República que ya respondió que dijo que vamos a establecer las medidas necesarias para el efecto».

En la actualidad el presidente electo cuenta con un esquema de seguridad que le brinda protección y que incluye agentes del Estado.

La CDIH expresó que el Estado guatemalteco no habría detectado los riesgos mediante una investigación adecuada que determine los responsables del plan, y que, por el contrario, se habría limitado a indicar que no se recibieron denuncias, pese a que los hechos debían ser perseguidos de oficio y tenía conocimiento de estos.

Además, la Comisión pidió al Estado guatemalteco que informe, dentro de un plazo de 15 días, a partir de la notificación, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas.

AVN