CIUDAD MCY.- La construcción de la nueva mega cárcel en la provincia ecuatoriana de Santa Elena genera polémica hoy en el país andino, en medio de denuncias por violaciones de derechos en las penitenciarias aquí.
La denominada “Cárcel del Encuentro” costará 52 millones de dólares y contará con cinco pabellones, cuatro patios y tres cercos de seguridad, distribuidos en una extensión de 12,2 hectáreas de construcción.
De acuerdo con el Ejecutivo, su terminación está prevista para 2025 y será la segunda cárcel de máxima seguridad, luego de La Roca, en la ciudad costera de Guayaquil, provincia de Guayas.
Este viernes, el presidente Daniel Noboa oficializó las obras constructivas de ese centro de detención, al que catalogó como un hito en la lucha contra el terrorismo y las mafias que controlaban y tenían secuestrado el sistema penitenciario, dijo.
“Esta cárcel hará que cualquiera que busque delinquir se lo piense dos veces”, señaló el mandatario.
Mientras tanto, el director general del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), Luis Zaldumbide, manifestó que se trata de un proyecto que promete mejorar las condiciones de detención y facilitar la reinserción social de los presos.
Para Zaldumbide, la ubicación estratégica de la cárcel, situada a cinco kilómetros de Juntas del Pacífico, en una zona agrícola interna, facilitará la gestión de la seguridad.
Sin embargo, comuneros en esa zona temen por el tráfico y el despojo de sus tierras y alertaron que están apareciendo títulos de propiedad sobre un territorio que es intransferible e inembargable.
En las comunidades preocupa que el proyecto de la nueva cárcel sea la punta de lanza para la proliferación de asentamientos irregulares.
Ecuador atraviesa por un conflicto armado interno, declarado por Noboa el pasado mes de enero, mientras las cárceles permanecen bajo el control de las Fuerzas Armadas en medio de falta de alimentación a los reos y denuncias de violaciones de derechos.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo reportó más de 20 muertes dentro de las prisiones que permanecen bajo control militar y pidió al Gobierno acciones urgentes para la garantía y protección de derechos de las personas privadas de libertad.
Según la información divulgada, del 9 de febrero al 7 de marzo se registraron 24 fallecimientos en diversos centros por muertes naturales y en otros casos por violencia, con indicios de presunta tortura.
Además, la institución alertó del deceso de un reo con signos de desnutrición, algo que podría ser consecuencia de la falta de provisión de alimentos en las cárceles de Esmeraldas, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Sucumbíos y Napo.
PRENSA LATINA
