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CIUDAD MCY.-Durante una entrevista, el abogado constitucionalista, Francisco Artigas, subrayó la necesidad de reformar las leyes electorales de la República Bolivariana de Venezuela, ante los ingentes cambios sociales, geopolíticos y tecnológicos que la sociedad venezolana experimenta en la actualidad.

«La sociedad va cambiando de forma violenta con los cambios tecnológicos y científicos, pues también es necesario que nosotros adecuemos las leyes a esos cambios», indagó, además de acotar que dichos cambios son «transcendentales en razón de la guerra exterior, y la guerra interior de la que ha sido víctima el pueblo venezolano».

Seguidamente, aseveró que, «hemos visto que se financia en el extranjero» a partidos políticos particulares, además de organizaciones no gubernamentales (ONG); para deponer al sistema político popular del cual disponen los venezolanos.

Los venezolanos deben honrar y defender a la Patria

Aunado esto, Artigas señaló que, «hemos visto que, a través del financiamiento extranjero, adquieren compromisos» para eliminar al Poder Popular, el Gobierno Bolivariano y los intereses económicos financieros de Venezuela. «Nace la necesidad de una revisión de todas las leyes electorales, que se adecúen al artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que no es más que el deber de los venezolanos de honrar y defender a la Patria».

También explicó que esta necesidad surge por la existencia de «personas que han llamado a atacar a la Patria, a invadir a la nación venezolana, y que, en gran parte, han logrado mucho de ello a través del bloqueo económico que emerge desde Estados Unidos y la Unión Europea». De igual modo, detalló que un sector político en específico adquiere compromisos a largo plazo con intereses extranjeros, ya sean potencias geopolíticas o conglomerados empresariales.

Inhabilitaciones legales

Seguidamente, el abogado constitucionalista sostuvo que la Ley de los Partidos Políticos pondría coto a la posibilidad de participación de agentes políticos internos, que pretendan facilitar el saqueo de recursos nacionales por parte de países injerencistas. «Sería una inhabilitación de pleno derecho», afirmó Artigas, al señalar que dicha medida no provendría del «mandato de ninguna institución, sino porque la propia ley lo prevé. Y su actitud estaría adecuada en ese supuesto jurídico».

«Desde el punto de vista formal, se están cumpliendo todos los procedimientos que establece la Constitución en los artículos 202, 203, 204», dijo el abogado, además de puntualizar que se convocará a un proceso de consulta democrático «precisamente porque así lo requiere la ley, y se está llamando a la población para que participe en la formación de esas leyes».

FUENTE VTV