**Mientras tanto la maquinaria electoral del PSUV marcha rauda a las megaelecciones del 21-N con determinación. Que todas las “oposiciones” hayan acordado inscribir a sus candidatos a alcaldes y gobernadores ya es un éxito revolucionario y se suma al pronunciamiento de la Unión Europea, que ya hizo pública su decisión de enviar observadores a los comicios en Venezuela.

CIUDAD MCY.- Las facciones más extremistas del antichavismo están enfrentadas. Julio Borges y Primero Justicia (PJ) exigieron a Juan Guaidó y a Voluntad Popular (VP) lo que se ha dicho hasta el cansancio en los últimos años: que por actos corruptos y pésimas acciones administrativas de su criminal “interinato” ponen en riesgo los activos venezolanos en el exterior.

La semana pasada, vía comunicado, PJ notificó que ya no forma parte de los “espacios que atienden la materia referida a los activos en el exterior”, luego de reprocharle a Guaidó y a su partido político la manera de administrar las empresas venezolanas en el plano internacional, sin lugar a dudas un descarado lavado de manos modo Poncio Pilatos.

Hace poco tiempo el gobierno colombiano, bajo una acción de “protección”, tomó el control de Monómeros, filial de Pequiven en el país vecino, con el visto bueno de Guaidó, maniobra que fue calificada por el Gobierno Bolivariano de “asalto en flagrancia”. De acuerdo con medios neogranadinos, Monómeros se declaró en quiebra y se inscribe a un “plan de rescate acelerado” que lidera la Superintendencia de Sociedades de Colombia.

PJ mencionó a Guaidó “sin títulos ni decoraciones” y sin llamarlo “presidente interino” o siquiera “diputado”) para “darle un corrientazo” que permita que “aterrice en la realidad” y busque resolver con decisiones el tema de los activos en el exterior porque “estamos tarde en ello”, dijo Borges en una entrevista radial.

Borges acusó de “manejo partidista” la administración de esos activos con juntas ad hoc, toda una paradoja si se toma en cuenta que las decisiones de controlar las empresas filiales de Venezuela en el extranjero se dieron en “arreglos” al buen estilo de mafias, entre las fracciones antichavistas reunidas en la extinta Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015 y apoyada por el Gobierno estadounidense.

Julio Borges tiene mucho que ver con la pérdida de soberanía de todos los activos en países socios de Washington. Cuando Borges fue presidente de la AN, hizo todas las gestiones posibles para que los gobiernos y bancos occidentales boicotearan económica, financiera y comercialmente a Venezuela bajo la excusa de “dictadura” y “corrupción” del gobierno de Nicolás Maduro.

El mismísimo Borges estuvo involucrado en planes desde Colombia (intento de magnicidio contra el presidente Maduro en 2018), como el principal promotor de las “sanciones” contra Venezuela en su periodo parlamentario y además apoyó el “interinato” en su cruzada por secuestrar ilegalmente las empresas y las finanzas del Estado venezolano.

Así que su sentencia de que los activos en el exterior “nunca han debido ser manejados por la oposición” es otra manera de lavarse las manos y trasladar la culpa a una única figura como chivo expiatorio, cuando la responsabilidad recae en todos quienes acompañaron la travesía progringa.

Aunque el comunicado de PJ y las declaraciones de Borges sirvan para que algunos seguidores antichavistas apunten con el dedo hacia la figura de Guaidó, chivo expiatorio de las oposiciones, la memoria no falla para traer a colación las responsabilidades que tienen estos dirigentes “en el exilio” en la actual situación de los activos venezolanos, y en general de la estabilidad política, económica y social de la República. Lavarse las manos y echarle el agua sucia sobre la cabeza a alguien más no servirá de mucho a la hora de acusar recibo ante el resto de los venezolanos.

OLIGARQUÍA COLOMBIANA TERRÓFAGA TRAS MONÓMEROS

El portal colombiano La República informó que Monómeros, filial de Pdvsa secuestrada por Guaidó desde 2019, firmó una alianza con el destacado grupo empresarial Daabon, evidente aliado al uribismo.

A través de un comunicado poco detallado del Grupo Daabon, se evidencia que la alianza tiene como objetivo explorar modalidades conjuntas para la venta de productos en el mercado de fertilizantes, para intentar «consolidarse como la mejor opción de abastecimiento de productos y servicios para el sector agrícola del país».

El Grupo Daabon, con base en Santa Marta, perteneciente a la poderosa familia Dávila Abonado, figura entre las 100 empresas más importantes de Colombia, dedicada exclusivamente a la actividad agrícola, siendo el cultivo, procesamiento y exportación de palma africana uno de sus principales negocios.

Transcurría 2009 cuando el Grupo Daabon estuvo en el centro del debate público debido a un conflicto con un grupo de familias campesinas en el departamento de Bolívar. El consorcio había adquirido las tierras mientras estaban en trámite de entrega a los campesinos. Luego, el poder del grupo hizo lo demás: el Ejército y la policía desalojaron violentamente a 120 familias campesinas.

También se ha comprobado una muy cercana relación política-económica que sirvió para promover la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Con 2 mil millones de pesos en subsidios y créditos blandos entregados a la empresa para expandir sus operaciones de palma africana y otros rubros agrícolas fue como se pagó el favor político.

Las relaciones de fidelidad entre el Grupo Daabon y el uribismo volvieron a surgir cuando la familia Dávila Abonado se vio inmersa en un megaescándalo de corrupción con los subsidios entre 2009 y 2011. El grupo fraccionó grandes extensiones de tierra para obtener, de manera fraudulenta, una inyección adicional de recursos públicos. No obstante, pese a las pruebas, las relaciones con el uribismo salvaron al grupo de enfrentar consecuencias penales severas.

Finalmente, ese acuerdo ilegal entre Monómeros y el Grupo Daabon ocurre en medio del del fuego cruzado de señalamientos entre PJ y VP, lo cual subordinaría a un nuevo aliado a los fines de prolongar la toma de la empresa. Las conexiones del Grupo Daabon con Uribe deberían garantizar esos objetivos. Así existe la posibilidad de que el capital de Monómeros apoye al uribismo en las elecciones presidenciales en 2022.

VENEZUELA, PAÍS ELECTORAL

Mientras tanto, la maquinaria electoral del PSUV marcha rauda a las megaelecciones del 21-N con determinación. Que todas las “oposiciones” hayan acordado inscribir a sus candidatos a alcaldes y gobernadores ya es un éxito revolucionario y se suma al pronunciamiento de la Unión Europea, que ya hizo pública su decisión de enviar observadores a los comicios en Venezuela.

El alto representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, nombró a Isabel Santos, diputada al Parlamento Europeo, para encabezar la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE). El comunicado difundido en Bruselas define al 21 de noviembre como “un proceso electoral sin precedentes, con la participación de la mayoría de las fuerzas políticas por primera vez en los últimos años, para elegir a más de 3.000 representantes regionales y municipales”.

El núcleo de la misión está integrado por once expertos electorales y llegará a Caracas en octubre. A finales de octubre, hasta 62 observadores a largo plazo se unirán a la misión y se trasladarán a las regiones. Además, alrededor de 34 observadores a corto plazo reforzarán la misión el 21 de noviembre, junto con otros 20 observadores de contratación local. La misión de la UE permanecerá en el país hasta el final del proceso electoral.

La UE, recuerda el comunicado, “no ha estado presente en Venezuela con una misión de observación electoral durante 15 años”. Ahora, cree que su presencia podría “ser un aporte importante para apoyar una solución pacífica concebida por los venezolanos para la crisis y, en consecuencia, un camino hacia unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes”. Una insinuación no demasiado velada a la postura respaldada por los lobbies que operan en el Parlamento Europeo, que en los últimos años han apoyado al bandidismo ejecutado por el eurodiputado Leopoldo López Gil.

A los autoproclamados, ahora solo les queda amenazar con inexistentes “manifestaciones en todo el país” y, sobre todo, aferrarse al botín, o sea a los recursos del pueblo venezolano incautados en el exterior con la complicidad de gobiernos subordinados en Washington.

MARCOS GAVIDIA
Fuentes: REBELION.ORG/MISIONVERDAD/RESUMENLATINOAMERICANO