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*** La comisión de salud de la Asamblea Nacional (parlamento) de Panamá continúo consultas ciudadanas de un proyecto de ley sobre seguridad social pero con reglas nuevas, entre ellas la presencia de funcionarios del Gobierno.***
CIUDAD MCY.- De acuerdo con el diputado Cipriano Adames, miembro de ese equipo, emergen muchas dudas del sustento financiero a las pensiones en el país, uno de los capítulos del proyecto 163 sobre reformas a la ley 51 de la Caja de Seguro Social (CSS).
Para Adames, el Legislativo no puede seguir profundizando en el texto de la iniciativa, porque se trabaja a ciegas y el Gobierno no ha presentado ni un solo informe actuarial sobre este tema.
También los parlamentarios cuestionaron la ausencia del director de la CSS, el empresario Dino Mon, quien delegó su representación en asesores de su despacho. En cambio, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas), estuvo presente Fausto Fernández, viceministro de Finanzas.
Ante la falta de las máximas autoridades de la CSS, la comisión aprobó una nueva regla: en las consultas deberán estar presentes el ministro de Salud o el viceministro, el ministro de Economía o sus viceministros, así como el director de la CSS o el subdirector.
“La propuesta es del Órgano Ejecutivo; quienes tienen que aclarar las dudas a la población son ellos. Nosotros, como diputados, estamos aquí para escuchar», manifestó la diputada Yarelis Rodríguez, de la bancada independiente Vamos, y vicepresidenta de la comisión.
En los próximos días, las consultas ciudadanas se trasladarán a las provincias, pues se prevé que las sesiones extraordinarias para debatir el proyecto, concluyan el próximo 31 de diciembre.
El proyecto de ley 163, tiene 91 páginas y entre otros elementos incluye el aumento de tres años en la edad de jubilación, medida paramétrica a la que se oponen representantes de los movimientos populares, además de las facultades que otorga al director de la CSS en el manejo de finanzas.
Este fin de semana, los colectivos convocaron a una marcha el 25 de noviembre en defensa de los derechos de las mujeres, amenazados en ese documento presentado por el Gobierno.
Los representantes de sindicatos, gremios y asociaciones acordaron además que se debe retornar el documento al Ejecutivo para que, junto a trabajadores y empresarios privados, haga las modificaciones y ajustes necesarios, pero oyendo a la mayoría.
Portavoces de los colectivos presentes en esos intercambios con los legisladores, como Marco Andrade, secretario general de la Confederación Naciones Unidad Sindical Independiente (Conusi), indicó que los trabajadores se oponen además a que la CSS tercerice servicios lo que demuestra el interés de privatizar la única entidad pública que atiende a jubilados y rechazan el modelo de pensiones para las jubilaciones.
A nombre del Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), Ronald Ortiz, negó que para la elaboración de este documento haya existido un consenso de los diversos sectores.
Ortiz exigió además que se retire la propuesta, y acusó al Gobierno de intentar reabrir la mina de cobre en Donoso, Colón, como parte de las reformas a la CSS, y rechazó al Ejecutivo por pretender imponer un proyecto de ley que atenta contra la juventud, los adultos mayores y los derechos del pueblo en general.
Fuente Prensa Latina
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