CIUDAD MCY.- El superintendente Nacional de Salud de Colombia, Luis Carlos Leal informó hoy de los hallazgos de una investigación en Empresas Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno tras la detección de irregularidades financieras.
Según anunció en conferencia de prensa, unas auditorías forenses revelaron cuestiones graves asociadas con anomalías contractuales y de operación, por lo que se enviarán esas evidencias a las autoridades competentes para un eventual proceso legal.
En Sanitas, una de las EPS intervenidas, registraban pérdidas cuando estaban generando gastos administrativos, lo cual carece de justificación ni constituye un beneficio para la población, acotó el funcionario.
Añadió además que en otra de esas entidades, Nueva EPS, se estuvo pagando un alto monto en recursos sin verificación de las cuantías los contratos y en detrimento para la salud.
El superintendente divulgó que se dio allí el ocultamiento de facturas por más de cinco billones de pesos (más de mil 315 millones de dólares al cambio actual) y que para lograr un balance se escondían las facturas de un año a otro.
“Esto venía ocurriendo desde el año 2019 y desde años atrás por lo que la Fiscalía General de Nación se encuentra adelantando una investigación de estos ocultamientos financieros en facturas que se encontraban engavetadas y que no habían sido legalizadas al interior del sistema”, detalló.
Mientras, en la EPS SOS, los mismos dueños generaron un favorecimiento económico para sus empresas en perjuicio del servicio que debían prestar.
Desde inicios de año la Superintendencia de Salud, entre otras entidades del país, alertan de las irregularidades relacionadas con el funcionamiento de las EPS, que son las entidades responsables de la afiliación y registro al sistema de la regularidad social y de la prestación del plan obligatorio de salud.
Durante febrero pasado, un informe de la Contraloría General divulgó que 26 EPS adeudan 25 billones de pesos (unos seis mil 385 millones de dólares al cambio actual) a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores de medicamentos y tecnologías, mientras que 16 no cumplen con algunos indicadores establecidos por la ley.
PRENSA LATINA
