En Mariño la ley se convierte en un abrazo protector que asegura, con pasos firmes, el presente y el porvenir de las nuevas generaciones

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY.- En un esfuerzo mancomunado por blindar los derechos de la infancia y la adolescencia, en el municipio Santiago Mariño, específicamente la Plaza Santiago Mariño sirvió de escenario para el debate ciudadano.

En esta gran asamblea, impulsada por la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán, concejales, autoridades locales, docentes y la comunidad en general, se dieron cita para participar en la consulta pública de la Reforma Total de la Ordenanza del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

​Bajo la premisa de que «la educación y la protección se construyen en familia», portavoces comunitarios, defensores comunales y representantes del Consejo Municipal de Derechos han alzado la voz para exigir herramientas jurídicas más robustas.

​Durante el encuentro, que congregó a abuelas, madres, estudiantes y líderes vecinales, se enfatizó que el nuevo marco legal busca armonizar las ordenanzas municipales con la Ley Orgánica nacional, garantizando así un respaldo institucional sólido.

​Por su parte, el director del sistema municipal, Nelsón Cordero, y la concejal Verónica Valero recalcaron que esta iniciativa sitúa al municipio a la vanguardia de la justicia social, elevando la protección directa en más de un centenar por ciento.

Al mismo tiempo, se resaltó la participación activa de la ciudadanía, como el motor de este proceso transformador. Laura Quintana, coordinadora de Hogares de la Patria, destacó la importancia de superar los métodos punitivos del pasado para dar paso al diálogo constructivo entre padres, hijos y centros educativos.

Según detallaron las autoridades del  Sipnna,  la propuesta contempla la creación de un fondo especial destinado a solventar las demandas de las defensorías y optimizar la atención directa en las cinco parroquias del municipio, logrando incrementar significativamente la capacidad de respuesta y contención ante casos de vulneración.

​​La jornada de consulta pública demostró que cuando las instituciones y el Poder Popular caminan de la mano, los vacíos legales se disuelven y se transforman en redes de seguridad efectivas.

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