Organizaciones políticas y sociales repudian hoy la decisión de la Corte Suprema de Chile de liberar al ex agente de la dictadura César Manríquez, condenado por graves violaciones de los derechos humanos.
CIUDAD MCY.- Manríquez fue uno de los más altos jefes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), y es responsable del secuestro calificado de 16 víctimas de la llamada Operación Colombo.
El represor estuvo a cargo de varios centros de detención y, según reportes publicados aquí, aparece vinculado a 86 casos de desaparición forzada, dos de torturas y un asesinato.
Esta semana, la Segunda Sala del máximo tribunal chileno decidió en fallo dividido, liberar al exrepresor de 95 años por presunta enajenación mental.
Para el Partido Socialista (PS), resulta especialmente grave que esta resolución haya sido adoptada sin alegatos en sala y sin escuchar a las partes querellantes, las víctimas y sus familias.
Esto debilita la confianza ciudadana en la justicia y proyecta una preocupante señal de impunidad, advirtió el PS en una declaración publicada hoy en redes sociales.
El texto precisa que César Manríquez no es un condenado cualquiera. Fue responsable de centros de detención y tortura de la DINA, organismo criminal que sembró el terror, la desaparición y la muerte en Chile.
Tal y como advirtieron los abogados querellantes, los informes psiquiátricos utilizados para justificar esta medida no cumplen con los estándares internacionales para declarar la enajenación mental de un condenado.
Las víctimas y sus familias merecen justicia, no privilegios para quienes cometieron delitos de lesa humanidad, advirtió el PS.
Según la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), dentro de los posibles beneficiados estarían también Héctor Osses, autor de asesinatos en la Población de San Gregorio, y Jorge Mandiola, agente que participó en la denominada Operación Alfa Carbón.
La recién instalada jefa del Programa de Derechos Humanos perteneciente al Ministerio de Justicia dio instrucciones a los abogados querellantes en estas causas de no apelar las decisiones judiciales que los favorecen, debido a razones de salud mental o médicas.
La Asociación de Funcionarios de ese programa calificó como ilegal y arbitraria la decisión y advirtió que en la práctica se trata de un sistema de “indultos pasivos”.
FUENTE: PRENSA LATINA
FOTO: CORTESÍA