CIUDAD MCY.- La comisión del Senado brasileño que investigó la gestión del Gobierno de Jair Bolsonaro frente a la COVID-19 anunció que presentará su informe final, que contendrá graves acusaciones contra el mandatario, reseñaron medios internacionales.

En ese sentido, el presidente de la comisión, Omar Aziz, confirmó que este miércoles será presentado el informe, redactado por el senador Renan Calheiros, que en su condición de instructor ha sido un permanente crítico del negacionismo de Bolsonaro ante la crisis sanitaria, que ya ha matado a más de 600.000 brasileños.

La comisión, integrada por once senadores de los cuales cuatro se encuadran en el oficialismo, fue instalada el pasado 27 de abril y desde entonces ha celebrado 67 audiencias, en las que ha escuchado el testimonio de casi un centenar de personas, incluidos ministros y altos funcionarios del Gobierno.

También ha analizado documentos electrónicos, muchos todavía de carácter reservado y que, según la propia comisión, contienen el equivalente a casi 10 terabytes de informaciones.

Según Calheiros, han sido constatadas numerosas irregularidades, que van desde la imposición en la red de sanidad pública de remedios sin eficacia comprobada contra la COVID-19 hasta fuertes sospechas de corrupción en la negociación de vacunas.

Asimismo, se hallaron graves indicios sobre una red de activistas de ultraderecha que, en supuesta combinación con funcionarios del Ministerio de Salud y de la propia Presidencia, difundieron en forma masiva información falsa sobre la pandemia, minimizando su gravedad y en línea con el discurso mantenido por Bolsonaro.

Calheiros ha sugerido que su informe recomendará que tanto el mandatario como algunos funcionarios del Gobierno y personas del entorno oficialista respondan ante la justicia por múltiples delitos contra la salud pública, los cuales serán detallados en su informe, que será sometido a votación la semana próxima.

En caso de ser aprobado con mayoría simple por los once miembros de la comisión, el informe será remitido al Ministerio Público, al Tribunal de Cuentas, a otros organismos responsables por fiscalizar la actuación del Gobierno y a la Justicia ordinaria, que tendrán la última palabra sobre eventuales enjuiciamientos.

Información VTV