A pesar de que Bolivia cuenta, desde hace 12 años, con una ley que tipifica la violencia política contra las mujeres como delito penal, organizaciones civiles señalan su limitada aplicación.
CIUDAD MCY.-Instituciones de derechos humanos y la Coordinadora de la Mujer denunciaron una escalada de violencia política y acoso contra candidatas en el proceso de elecciones subnacionales en Bolivia, que se celebrarán este domingo 22 de marzo. Según el Observatorio de Violencia Política, se han registrado 665 publicaciones hostiles en plataformas digitales de medios de comunicación, atacando principalmente a 17 aspirantes.
Asimismo, el organismo consideró que este patrón de agresiones busca forzar el retiro de las mujeres de la contienda electoral. Las acciones incluyen ataques a la vida privada y el uso de imágenes de los hijos de las candidatas, buscando denigrar su imagen pública.
A pesar de que Bolivia cuenta, desde hace 12 años, con una ley que tipifica la violencia política contra las mujeres como delito penal, organizaciones civiles como la Coordinadora de la Mujer señalan su limitada aplicación.
La presidenta de esta última entidad, Tania Sánchez, enfatizó que estas acciones no son menciones aisladas, sino ataques sistemáticos. La falta de reglamentación de la norma permite que las agresiones queden impunes.
Diversas candidatas han alzado su voz para visibilizar las agresiones. Toribia Lero, aspirante a la Asamblea Departamental en Cochabamba, denunció ataques con base en su condición étnica y de género, con insultos que pretenden relegarla al ámbito doméstico.
Jessica Paola Aguirre, candidata a subgobernadora en Santa Cruz, relató la escalada de violencia hacia su entorno familiar, refiriéndose al uso de imágenes de sus hijos como algo «más denigrante aún». En Cochabamba, Rocío Molina, la única mujer que disputa la alcaldía frente a diez varones, criticó el «cerco mediático» impulsado por intereses económicos para desacreditar su imagen.
La situación es especialmente crítica dado que, por ley, la mitad de las candidaturas para las gobernaciones y municipios deben ser ocupadas por mujeres, garantizando la paridad en el ejercicio democrático.
La Defensoría del Pueblo y otras instituciones de derechos humanos reiteran su llamado a las autoridades electorales y judiciales para frenar el acoso y garantizar un entorno seguro. La persistencia de estos ataques cuestiona el avance hacia una participación política equitativa y libre de coacciones por motivos de género o identidad cultural en Bolivia.
FUENTE: TELESUR
FOTO: CORTESÍA