La Defensoría del Pueblo de Colombia hizo un llamado a prevenir una escalada de la violencia ante las acciones armadas que hoy azotan al país y pidió al Gobierno priorizar la protección a la población civil.
CIUDAD MCY.- La entidad manifestó su preocupación por los ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos registrados en los últimos días en distintos departamentos, con particular intensidad en Cauca y Nariño, así como otros eventos en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.
Remarcó que los referidos ataques ocurrieron en un periodo muy corto, principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos.
La información disponible hasta el momento, señaló, no permite afirmar que se trate de una ofensiva nacional coordinada, pero los hechos sí responden a dinámicas territoriales y actores diversos en un escenario de fragmentación de las estructuras armadas.
El organismo alertó cómo el uso de drones y artefactos explosivos en zonas pobladas o próximas a bienes civiles “incrementa el riesgo de efectos indiscriminados y exige extremar las medidas de precaución para proteger a quienes no participan en las hostilidades”.
Por otra parte, recordó a los grupos armados que la población civil no puede ser puesta en riesgo ni convertida en escenario de demostraciones de fuerza y que en la conducción de las hostilidades debe respetarse las normas del derecho internacional humanitario y, particularmente, las obligaciones dirigidas a proteger a quienes no participan en ellas.
Exigió entonces la Defensoría respeto irrestricto por los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional humanitario y evitar acciones con efectos indiscriminados o pongan en riesgo a la población civil.
También apuntó que las referidas obligaciones adquieren especial relevancia cuando se utilizan medios y métodos de guerra cuyos impactos pueden alcanzar zonas habitadas.
“La presencia de un objetivo militar en un entorno poblado no elimina las obligaciones de protección respecto de las personas y bienes civiles ubicados en sus inmediaciones”, enfatizó.
Planteó asimismo que, ante el inicio de un nuevo Gobierno, resulta fundamental fortalecer una respuesta estatal integral que combine las acciones necesarias en materia de seguridad del sector defensa, con acciones de prevención integral y la protección de las personas.
“La prioridad debe ser proteger a la población civil y evitar que sean las comunidades quienes terminen pagando el costo de la violencia”, acentuó.
FUENTE: PL
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