CIUDAD MCY.- Organizaciones campesinas, indígenas y garífunas de Honduras rechazaron la ley agroindustrial para proteger sus tierras ancestrales y la consideran un mecanismo legal diseñado para favorecer intereses corporativos sobre los derechos originarios de las comunidades, además de exigir la anulación inmediata de los procesos penales y los desalojos contra defensores territoriales.
La ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial, aprobada por el Congreso Nacional en junio de 2026, establece medidas de ejecución prioritaria que ya han sido invocadas en violentos desalojos territoriales.
La coordinadora general de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Jessica Trinidad, detalló el impacto inmediato de la normativa tras su aprobación. «En el marco de la ley agroindustrial ha habido hasta ahora dos desalojos. El primero en la comunidad garífuna de San Juan, que está en el norte de Honduras, que es todo este litoral del Caribe. Y el segundo, que se realizó la semana pasada en la comunidad del Tulito, en Choluteca, que está en el sur del país. Estos son los dos desalojos que ha habido hasta ahora en el marco de esta ley que viene a proteger a los empresarios», denunció.
Las comunidades movilizadas cuestionan la asimetría en la aplicación de la justicia hondureña. Mientras el Estado ejecuta expulsiones en territorios ancestrales, el proyecto neocolonial Próspera, en la isla de Roatán, opera con impunidad pese a que la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las zonas de empleo y desarrollo económico desde su origen.
Al respecto, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda, criticó con firmeza la doble moral institucional. «A nosotros nos desalojan, pero no desalojan a esa empresa como Próspera, no desalojan a todo eso que tienen apoderado y que tienen acaparado los territorios de los pueblos indígenas, de los pueblos garífunas y del pueblo hondureño».
FUENTE: TELESUR
FOTO: CORTESÍA