CIUDAD MCY.- El presidente de Argentina, Javier Milei, acudió nuevamente a las instancias judiciales para dejar sin efecto la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta cuarta ofensiva legal, dirigida ante la Corte Suprema de Justicia, profundizó el estado de desprotección que sufre este sector desde hace meses.
La falta de pagos por parte del Estado provocó que los médicos suspendan la atención especializada y que los transportistas cesen sus servicios, hasta eliminar el apoyo histórico que brindaba el sector público a estas personas. En paralelo, referente al caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, la justicia dictaminó que el monto del desfalco en dicho organismo asciende a 75 mil millones de pesos, cifra cercana a los 55 millones de dólares.
Las investigaciones implicaron directamente a Karina Milei, hermana del mandatario y figura central del poder en la Casa Rosada, en un esquema de corrupción que ya suma varios detenidos. El juez de la causa confirmó un complot entre empleados públicos y empresarios para amañar licitaciones y excluir competidores.
El dictamen judicial detalló el cobro de un soborno del 20 % y compras con sobreprecios de hasta el 2000 %. Mientras el magistrado ratificó el desvío millonario de fondos públicos hacia intereses privados, la administración de Milei negó recursos básicos para la asistencia de la población con discapacidad, bajo la justificación de un ajuste fiscal que no afectó las irregularidades detectadas en ANDIS.
En ese sentido, las personas con discapacidad, jubilados y estudiantes protagonizaron a finales de abril una masiva protesta frente al Ministerio de Salud de Argentina. El colectivo denunció graves irregularidades en la entrega de medicamentos, lo que interrumpió tratamientos vitales para miles de ciudadanos.
Asimismo, las organizaciones cuestionaron la falta de pagos a los prestadores del programa Incluir Salud, quienes no perciben sus honorarios desde octubre y enfrentan un atraso arancelario del 40 % frente a la inflación.
Las organizaciones advirtieron que estas disposiciones, sumadas a la prohibición de recibir pensiones si se cuenta con empleo formal, vulneran estándares internacionales de derechos humanos. Ante este escenario, presentaron una denuncia penal contra el mandatario y el ministro de Salud por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad en el Juzgado Federal N°5.
FUENTE: TELESUR
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