CIUDAD MCY.- La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz de la Presidencia de Colombia (Uiafp) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el mandatario electo, Abelardo De la Espriella, a quien acusa de presuntas conductas de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir.
Las declaraciones públicas fueron dirigidas contra Rodrigo Londoño, último comandante en jefe de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz.
El contenido de la denuncia sostiene que este tipo de expresiones, emitidas en un contexto de persistente violencia contra los exguerrilleros, pueden contribuir a la estigmatización, incrementar los riesgos para la vida e integridad de estas personas y afectar las garantías de seguridad y no repetición previstas en el pacto firmado en 2016.
La querella refiere asimismo la ocurrencia de manifestaciones de violencia política y de género, en cuyo caso se encuentra Pilar Rueda, quien se desempeña como asesora de despacho del director y coordinadora del equipo de género en la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
FIGURA DE COMISIONADO PARA LA PAZ
El pasado domingo, el presidente electo Abelardo De la Espriella anunció que eliminará la Uiafp, cuya misión es coordinar el cumplimiento del pacto suscrito entre el Gobierno y la extinta guerrilla FARC-EP. En una alocución difundida en sus redes sociales, comunicó que también desaparecerá la figura del comisionado para la paz porque, según mencionó, “no habrá más procesos de falsa paz en su Gobierno”.
En un comunicado difundido previamente, la Uiafp recordó que el Acuerdo Final no es un compromiso de un gobierno de turno, sino que constituye una política de Estado con estabilidad y seguridad jurídica reforzada mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-630 de 2017.
Remarcó asimismo la entidad que tal cuestión «significa que las autoridades públicas no pueden desconocer estos compromisos ni adoptar decisiones que vacíen de contenido su cumplimiento».
FUENTE: VTV
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