La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador debatirá hoy la denominada Ley Antimafias, promovida por el oficialismo y que plantea penas de hasta 30 años para integrantes de estructuras criminales, así como nuevas herramientas para combatir sus recursos.
CIUDAD MCY.- De acuerdo con los promotores, la iniciativa busca fortalecer las capacidades del Estado frente al crimen organizado mediante reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial.
El debate ocurre en un contexto de elevada violencia en Ecuador, sin embargo, la oposición se ha pronunciado en contra de la propuesta legal.
El asambleísta Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana, respaldó el endurecimiento de penas, pero pidió delimitar las sanciones para abogados y ampliar la participación de colegios profesionales, organizaciones de derechos humanos y sociedad civil.
“Que no sirva como un instrumento de amenaza para que el Gobierno de turno utilice esta norma para perseguir a abogados que están ejerciendo bien su función”, afirmó.
Además, Luna advirtió que el aumento de penas no basta para enfrentar la inseguridad y reclamó políticas públicas para atender la pobreza, el desempleo y la falta de acceso a servicios básicos.
El proyecto establece penas de 22 a 26 años para quienes constituyan, organicen, financien, dirijan, planifiquen o ejerzan el mando estratégico de una estructura criminal.
La condena aumentaría de 26 a 30 años cuando la organización tenga como finalidad cometer delitos como narcotráfico, terrorismo, sicariato, secuestro extorsivo, minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas o lavado de activos.
También se plantea una pena de 10 a 13 años para colaboradores externos que, de manera consciente, proporcionen asistencia técnica, contable, financiera o tecnológica para favorecer a una organización criminal.
La misma sanción se aplicaría a quienes realicen tareas logísticas, como vigilancia, comunicación o transporte, mientras que el reclutamiento de adultos con fines delictivos tendría penas de 10 a 13 años.
Si el reclutamiento ocurre mediante abuso de una relación de autoridad, cuidado, confianza o subordinación, la condena podría alcanzar entre 13 y 16 años.
La propuesta también endurece las sanciones por la paralización o interrupción injustificada del abastecimiento y distribución de combustibles, una pena que llegaría a siete años cuando el desabastecimiento afecte a dos o más provincias o busque beneficiar a una organización criminal.
Tras el primer debate, previsto para este jueves, el proyecto deberá continuar su trámite legislativo antes de una eventual aprobación definitivo.
FUENTE: PL
FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL