CIUDAD MCY.- El nombre de Abelardo De la Espriella vuelve a resonar con fuerza en los pasillos del poder y en las redes sociales de Colombia, pero esta vez no por un discurso cantinflérico de campaña ni por alguna de sus polémicas declaraciones.
Una profunda investigación publicada por ‘The New York Times’ -uno de los diarios más influyentes del planeta- ha destapado con lupa periodística una faceta de su historia profesional que difícilmente cuadra con la imagen de dureza contra el crimen que vende hoy a los electores: La de un abogado que, durante años, se movió en los círculos de personas señaladas por narcotráfico y lavado de activos en EEUU.
El reportaje, que ha generado un terremoto político en las últimas horas, describe cómo De la Espriella forjó buena parte de su carrera representando legalmente a figuras vinculadas con investigaciones de alto calibre por narcotráfico y corrupción. Entre ellas destaca el empresario colombiano Álex Saab, quien hoy cumple condena en territorio estadounidense tras haber alcanzado un acuerdo con la justicia de ese país.
Según la reconstrucción del medio neoyorquino, en Miami De la Espriella transitaba en lo que el propio diario califica como el turbio mundo de los abogados de «polvo blanco»: Defensores de alto precio que ayudan a acusados de narcotráfico latinoamericano y a otros a evitar duras condenas, convirtiéndolos en informantes o testigos del gobierno estadounidense.
La investigación señala que contrató a un antiguo narcotraficante colombiano que, según consta en registros judiciales, ayudaba a abogados del sur de Florida a encontrar ese tipo de clientes. De la Espriella, abogado colegiado en Colombia, viajaba con frecuencia a su país natal para reunirse con clientes implicados en casos estadounidenses, entre ellos Alex Saab, un acaudalado empresario acusado de blanqueo de millones de dólares supuestamente en nombre del expresidente venezolano Nicolás Maduro.
El nombre del abogado apareció, además, durante una pesquisa federal relacionada con movimientos financieros asociados a Saab; y él mismo fue objeto de un minucioso escrutinio por parte de los fiscales federales mientras investigaban el blanqueo de dinero de Saab, según cinco personas con conocimiento de la investigación sobre Saab.
Según fuentes consultadas por el diario, De la Espriella habría intentado establecer si era objeto de esa investigación; sin embargo, el mismo reportaje aclara que no enfrenta cargos penales en EEUU, mientras que su equipo jurídico sostiene que nunca fue investigado ni acusado y que todas sus actuaciones profesionales se ajustaron a la ley.
El contraste es, precisamente, lo que más llama la atención. Hoy, De la Espriella ha convertido la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado supuestamente en uno de los pilares centrales de su proyecto político. Ese salto -de defensor de acusados por drogas a candidato que promete una guerra sin cuartel contra los cárteles- es el eje sobre el que gira el análisis del prestigioso periódico estadounidense.
Para entender la magnitud del debate que se ha desatado, basta mirar las cifras. Colombia, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cerró 2024 con 261.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, un aumento del 3,5% respecto al año anterior. El país concentra, además, el 67% de los cultivos mundiales de la planta. La producción potencial de cocaína alcanzó las 2.664 toneladas en 2023, según la misma agencia, mientras que las incautaciones superaron las 746 toneladas ese año y rondaron las 889 toneladas en 2024, cifras récord en la historia reciente del país.
En ese contexto, la propuesta de De la Espriella de declarar una guerra frontal al narcotráfico choca de frente con su historial profesional. No es la primera vez que un político colombiano enfrenta escrutinio por su pasado, pero la profundidad de la investigación del NYT -con fuentes directas, registros judiciales y testimonios de personas cercanas a las pesquisas federales- eleva la conversación a otro nivel.
El debate ya está encendido en Colombia, mientras algunos sectores defienden que ejercer la defensa jurídica de personas investigadas es un derecho fundamental consagrado en el debido proceso y no implica compartir sus conductas, otros argumentan que la información merece un escrutinio público amplio, sobre todo cuando proviene de alguien que aspira a la primera magistratura.
Sobre esa línea ética, Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y reconocida penalista colombiana, ha señalado en medios nacionales que «el hecho de que litigues no quiere decir que se vale cualquier herramienta para ganar». Buitrago, quien también ha sido experta ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha advertido que hay una diferencia abismal entre ejercer la defensa técnica y transgredir los límites éticos del derecho.
Michael Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, ha planteado por su parte que la estrategia dominante contra el narcotráfico en Colombia -basada en erradicación, interdicción y encarcelamiento- no ha logrado reducir ni la oferta ni los daños del mercado ilegal. «La alternativa al enfoque actual es avanzar hacia modelos de regulación que reduzcan los daños, protejan la salud pública y debiliten los mercados ilegales», escribió en su cuenta de X tras conocerse el más reciente informe mundial de drogas.
La publicación del NYT no afirma que De la Espriella haya sido condenado o acusado penalmente en Estados Unidos. Tampoco lo vincula directamente con delitos de narcotráfico. Pero sí expone hechos y antecedentes que han reavivado el debate sobre la transparencia y la coherencia entre su pasado profesional y su discurso político actual. En un país donde el narcotráfico ha marcado décadas de violencia, donde los cultivos de coca alcanzan máximos históricos y donde la confianza en los políticos está desgastada, cualquier sombra sobre la trayectoria de quien pretende llegar a la Casa de Nariño se convierte en materia de discusión obligada.
Hasta el momento, el equipo del dirigente político se ha limitado a rechazar las implicaciones del reportaje, insistiendo en que su trabajo como abogado siempre se ajustó a la ley y que la defensa penal es un pilar del Estado de derecho. Pero en las calles, en los cafés y en los programas de opinión, la pregunta sigue en el aire: ¿puede alguien que construyó su carrera defendiendo a acusados de narcotráfico liderar con credibilidad una guerra contra ese mismo flagelo?
El tiempo y las urnas electorales darán la respuesta.
REDPRES / FOTO CORTESÍA