El proyecto denominado Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, plantea un cambio en la visión tradicional del control comercial, al derogar la Ley Orgánica de Precios Justos aprobada en el año 2015, por un instrumento orientado al acceso oportuno a bienes y servicios
CIUDAD MCY.- En las instalaciones del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba) se desarrolló la convocatoria para la consulta pública del Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, un instrumento jurídico orientado a fortalecer el acceso del pueblo venezolano a bienes y servicios de calidad, con la participación de autoridades nacionales, regionales, legisladores, representantes institucionales, comerciantes y voceros del Poder Popular.
La actividad contó con la presencia del diputado a la Asamblea Nacional (AN) e integrante de la comisión permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, Ramón Lobo, el diputado José Gregorio Colmenares, la presidenta del Cleba, Katiana Hernández, parlamentarios regionales, concejales y comerciantes, quienes encabezaron el encuentro para debatir los alcances del proyecto legal y promover la incorporación de propuestas ciudadanas.
Durante su intervención, el diputado Ramón Lobo explicó que esta iniciativa surge como parte del conjunto de instrumentos jurídicos impulsados por el Gobierno Bolivariano para fortalecer el modelo económico venezolano.
“Este instrumento jurídico se agrega a dos adicionales que ya recibimos, uno aprobado como fue la reforma a la ley orgánica de hidrocarburos y el otro también discusión pública que corresponde a la aceleración y optimización de los trámites burocráticos”, puntualizó el representante de la comisión económica.
Señaló que la propuesta fue orientada por el presidente constitucional Nicolás Maduro y cuenta con la representación la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien durante la presentación del mensaje anual presentó los logros alcanzados durante el año 2025.
NUEVA INSTITUCIONALIDAD
Lobo destacó que el objetivo central de la normativa es garantizar el acceso oportuno a bienes y servicios de calidad a precios justos para toda la población.
Indicó que el proyecto plantea un cambio en la visión tradicional del control económico, al derogar la Ley Orgánica de Precios Justos aprobada en 2015, por un instrumento orientado a la defensa integral de los derechos socioeconómicos.
Asimismo, precisó que la ley contempla la creación de una nueva institucionalidad, representada por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, además del fortalecimiento de mecanismos de supervisión y sanción para quienes incumplan la normativa. También incorpora espacios de diálogo entre actores económicos para la definición de precios y promueve la participación del Poder Popular mediante comités de consumidores y usuarios.
El parlamentario subrayó que el instrumento legal permitirá equilibrar el acceso de la población a bienes y servicios con la sostenibilidad del aparato productivo nacional, favoreciendo la estabilidad económica y social del país.
Por su parte, la presidenta del Cleba, Katiana Hernández, informó que este encuentro marca el inicio formal del proceso de consulta pública en la entidad aragüeña, destacando la participación conjunta entre la AN, instituciones del estado Aragua, comerciantes y comisiones económicas de los consejos municipales.
Hernández informó que el despliegue de consulta se extenderá por los 18 municipios y las 191 comunas del estado Aragua, con el propósito de actualizar el marco jurídico económico y superar limitaciones asociadas a modelos centrados exclusivamente en el control de precios.
Igualmente, señaló que se habilitará un código QR a través de las redes sociales institucionales para facilitar la recepción de propuestas ciudadanas, con el fin de garantizar que el contenido final de la ley responda a las necesidades reales del pueblo.
En este sentido, las autoridades reiteraron el llamado a la participación activa de la población en este proceso de discusión, resaltando que el proyecto busca construir soluciones concretas para la protección de los derechos socioeconómicos, mediante un modelo que integre la voz de los distintos sectores productivos y sociales del país.
REINYMAR TOVAR
FOTOS: CORTESIA
