CIUDAD MCY.-El Gobierno de Colombia trabaja en una iniciativa legislativa, para combatir el reclutamiento de ciudadanos colombianos por parte de organizaciones que los vinculan a conflictos armados en el extranjero, como los de Ucrania y Sudán.
La propuesta contempla la adhesión del país a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, adoptada por la ONU en 1989.
En agosto de 2024, la canciller Rosa Villavicencio confirmó que la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes había aprobado en primer debate un proyecto de ley.
Esta iniciativa tiene como finalidad que el mercenarismo sea considerado un delito penal. Si se convierte en ley, esto podría dar comienzo a acciones legales contra quienes promuevan esta actividad y se estaría facilitando enérgicamente la cooperación internacional para investigar y desmantelar redes criminales.
Villavicencio dejó en claro que el fenómeno afecta principalmente a jóvenes que, ante la falta de oportunidades laborales, son captados por empresas y organizaciones internacionales para que tengan algún tipo de participación en entrenamientos o directamente en operaciones de combate. La ministra destacó que algunos de estos jóvenes ya se encuentran vinculados a grupos armados y que la captación se realiza sobre la base de la necesidad económica.
La canciller subrayó que la estrategia del Gobierno no se limitará a la persecución judicial, sino que incluirá acciones pedagógicas y sociales para sensibilizar a la población joven sobre los riesgos que implica esta práctica. “Hay que hacer mucho trabajo de pedagogía y también de persecución a los grupos organizados que vienen a captar a estos jóvenes”, declaró.
Según reportes recientes, exmilitares colombianos han sido detectados en Sudán, y otros ciudadanos colombianos en Ucrania, donde participan en operaciones de combate y logística. Algunos de sus familiares han denunciado la falta de pago y la ausencia de información sobre aquellos que han fallecido en combate.
Si Colombia ratifica la Convención, tendrá que comprometerse a: Prevenir el uso de mercenarios, sancionar a quienes los financien, recluten o entrenen, y finalmente a colaborar judicialmente con otros países que también sean parte del acuerdo.
FUENTE AVN \ FOTO REFERENCIAL