La acción constitucional fue presentada ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que el órgano jurisdiccional verifique de forma inmediata la situación personal, ubicación y condiciones en que se encuentran ambas funcionarias, en aras de garantizar sus derechos fundamentales a la libertad, integridad y vida, según establece el comunicado oficial de la Procuraduría General de la República.
El hábeas corpus se produce horas después de que el consejero electoral Marlon Ochoa denunciara públicamente que las consejeras del CNE estarían “secuestradas” en la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, una acusación de extrema gravedad que coloca el foco en la posible injerencia directa de Washington en el proceso electoral hondureño.
Alta conflictividad poselectoral
Ochoa afirmó que las consejeras no están en capacidad de ejercer sus funciones de manera libre, y que su ausencia del espacio institucional del CNE coincide con momentos decisivos del escrutinio especial y la validación de actas, lo que —advirtió— compromete la legalidad, transparencia y soberanía del proceso electoral.
Desde el Ministerio Público, se reconoció que la incertidumbre objetiva sobre el paradero de las consejeras trasciende el ámbito individual, y amenaza la estabilidad institucional, la paz social y la confianza ciudadana en la democracia, por lo que el recurso constitucional fue presentado como una medida preventiva, estrictamente jurídica y garantista, en resguardo del orden constitucional.
La situación ocurre en un escenario de alta conflictividad poselectoral, donde sectores políticos y sociales han denunciado amenazas militares contra juntas de verificación, manipulación del sistema de transmisión de resultados, actas alteradas y presiones externas, como los pronunciamientos y acciones del Gobierno de Donald Trump, al que diversas fuerzas hondureñas califican de actor directo en el intento de imponer un “golpe electoral”.
Para Ochoa, la ausencia forzada de las consejeras no puede desligarse del contexto de presión internacional, ni de la negativa de sectores del poder a permitir un recuento, voto por voto, urna por urna, como vía para restituir la legitimidad del proceso. “No voy a firmar una declaratoria fraudulenta, ni aunque me lleven a punta de bala”, reiteró el consejero en declaraciones previas.
La presentación del hábeas corpus obliga ahora a la Sala de lo Constitucional a pronunciarse de manera inmediata, ordenar las diligencias correspondientes y determinar si existe una restricción ilegal de la libertad de las funcionarias electorales, en un momento en que Honduras permanece sin resultados oficiales definitivos y con una institucionalidad seriamente cuestionada.
Fuente: Telesur | FOTO CORTESÍA