CIUDAD MCY.- Solo había pasado un poco más de 48 horas cuando en los alrededores del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York se congregó una gran cantidad de personas. En las imágenes de los medios de comunicación se observaba cómo había gran refuerzo policial que mantenía el orden entre quienes se acercaron a expresar su apoyo al presidente del país en el que, en la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos (EE. UU.) había apuntado su poder militar para ejecutar lo que ellos denominaron “extracción”. También había grupos que lo adversaban, por lo que la tensión entre ambos bandos era palpable.
Alrededor de las 12:00 del mediodía, llegó el presidente venezolano junto a su esposa Cilia Flores quien mostraba notables secuelas físicas de la incursión militar. Un contingente militar lo custodiaba. De acuerdo con la BBC, cuando se le preguntó si era Nicolás Maduro, ante el juez Alvin Hellerstein el mandatario contestó en español: «Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas”, afirmó.
Hellerstein manifestó que habría otros espacios para su defensa y leyó sus cargos. Con entereza, Maduro se declaró inocente: “No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí”. En los momentos en los que se le permitió hablar reiteró “sigo siendo el presidente de mi país”, “estoy secuestrado”, “soy un prisionero de guerra”. Flores también ratificó su investidura como primera dama y se declaró inocente.
Este relato tiene puntos clave que revelan una arquitectura de contradicciones legales y anacronismo con los que el Gobierno de Donald Trump ejecutó la agresión al territorio venezolano. Se presenta pues una maraña de argumentos de poca solidez que se van desmoronando por la falta de credibilidad y el irrespeto al derecho internacional.
JEFE DE ESTADO EN EJERCICIO
Tal como se dijo en el artículo anterior sobre el tema, la operación ejecutada por las fuerzas militares de EE. UU. se desarrolló a la luz de la ilegalidad desde su nacimiento. La narrativa del inquilino de la Casa Blanca fue vincular el Gobierno del presidente Maduro para justificar una incursión en territorio venezolano donde, por cierto, se encuentra la mayor reserva de petróleo del mundo. Además, los tratados, acuerdos y la cooperación con los gigantes China y Rusia era cada vez mayores, lo que incomodó al magnate que, desde su retorno a la presidencia, emprendió la cruzada por “recuperar” la primacía estadounidense sobre los países de América Latina.
La contradicción inicial de la administración de Trump es su reconocimiento a la presidencia de Nicolás Maduro. Por un lado, el discurso fue la deslegitimación de las elecciones del 28 de julio de 2024 en las que el líder revolucionario ganó con más de 51 % de los votos. Los funcionarios estadounidenses adoptaron los argumentos de la oposición extrema venezolana, representada por Edmundo González y María Corina Machado quienes insistieron en fraude.
No obstante, en todo este procedimiento que comenzó en agosto de 2025, ni González ni Machado han sido mencionado siquiera para asumir la supuesta “transición” que han difundido los medios de comunicación en la que constantemente declaran.
Aún más, la única mención de Trump hacia la líder de oposición venezolana fue que “no tenía ni el respeto ni el respaldo” de la población. En los últimos días, apenas ha contestado preguntas relacionadas con la dirigente política, y esto ocurrió luego de que la ganadora del “Nobel de la Paz” manifestará que le entregará el premio al mandatario estadounidense. Curiosamente, la decisión “desapegada” de la política se produce tras correr el rumbo de que Trump la sacó de su planificación hacia Venezuela luego de que ella aceptara el galardón. Saque sus conclusiones, sigamos.
Lo que causa contradicción es que ¿cómo se explica que se desconozca a Nicolás Maduro como presidente de la República, pero se reconozca a las autoridades que fueron designadas por el propio mandatario y ahora por mandato constitucional lo suplen en ausencia? “Ahí está el detalle”, diría Mario Moreno Cantinflas.
Las acciones de la administración Trump no solo incurren en una incongruencia política, sino que desde su narrativa pretende desplazar la justicia hacia el terreno del “secuestro institucional”, pues su alegato es que Washington manejará a Venezuela, pues lo contrario emprenderá una segunda oleada de ataques como el del pasado 3 de enero. Vale aclarar que en Venezuela se mantiene la institucionalidad de acuerdo a lo contemplado en ley y bajo los parámetros del presidente Maduro.
En este sentido, si el Gobierno de EE. UU. reconoce a las autoridades venezolanas encargadas, en consecuencia, valida la investidura del presidente Maduro, de allí que su detención representa una ruptura sin precedentes con la inmunidad ratione personae. Este principio sagrado del derecho internacional consuetudinario y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas protege a los jefes de Estado en ejercicio de la jurisdicción penal extranjera.
EL FOCO | FOTO : CORTESÍA
