CIUDAD MCY.- El expresidente Alberto Fujimori se librará de un juicio por una matanza, de convertirse en ley un proyecto, difundido hoy, de amnistía para condenados y procesados por crímenes cometidos durante la llamada guerra interna.
El proyecto fue presentado por el congresista Jorge Montoya, de la bancada parlamentaria de Renovación Popular (RP), que integra un bloque de extrema derecha junto a la del partido fujimorista Fuerza Popular (FP).
El breve texto plantea una amnistía para todos los condenados o reos en juicios “por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo”, en muchos casos crímenes de lesa humanidad.
La pretendida amnistía incluye a los adultos mayores de 80 años sometidos a procesos o sentenciados por violaciones de derechos humanos.
Fujimori encaja como potencial beneficiario, pues es acusado de autoría mediata de una matanza de seis campesinos inermes, torturados y ejecutados en enero de 1992 por el destacamento militar ilegal Grupo Colina y la fiscalía pide que se le condene a 25 años de cárcel.
El exgobernante fue liberado en diciembre de 2023 por un polémico indulto cuestionado por la justicia internacional, cuando cumplía parte de una condena de 25 años de cárcel, por otras dos masacres cometidas por el mismo grupo.
Dos miembros de ese escuadrón de la muerte, el jefe, Martin Rivas, y Carlos Pichilingue, así como el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza y el ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, Juan Rivero Lazo, están en el banquillo por el caso Pativilca, y una amnistía los dejaría impunes.
Adicionalmente, los congresistas Fernando Rospigliosi, de FP, y José Cueto, de RP, presentaron un proyecto de ley para que sean liberados los procesados y sentenciados por crímenes atroces contra los derechos humanos, cometidos antes de 2002, por haber prescrito, según los autores del proyecto.
Tal norma dejaría impunes a los autores de graves delitos cometidos durante el conflicto interno peruano (1980-2009), entre ellos matanzas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.
El proyecto invoca el hecho que en 2002 entraron en vigencia en Perú el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos rechazaron el proyecto de Rospigliosi y Cueto y señalaron que esos instrumentos jurídicos establecen su rechazo a la impunidad y la justicia peruana ha dictaminado también contra la impunidad de ese tipo de crímenes.
El jurista Carlos Rivera, especializado en la materia, destacó que Perú inclusive estableció un valioso precedente, al lograr anular la amnistía del gobierno de mano dura de Fujimori que benefició a los integrantes del Grupo Colina.
Tal precedente sirvió para que países como Argentina, Uruguay y Paraguay siguieran el ejemplo de anular las amnistías para los autores de crímenes cometidos por dictaduras en esos países, por lo cual es inadmisible e inviable el proyecto de Rospigliosi y Cueto.
PRENSA LATINA