Ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazaron las primeras solicitudes de revisión penal de los condenados por la tentativa golpista del 8 de enero de 2023, indica hoy el portal de noticias G1.
CIUDAD MCY.– Según el sitio, hasta el momento, el STF rebatió tres de las 11 demandas de examen punitivo recibidas de los penados por el intento de golpe de Estado en esa fecha, cuando ocurrió la toma y destrucción de las sedes de las Tres Poderes en esta capital.
Las ocho peticiones restantes están pendientes de dictamen de la Fiscalía General o de decisión del ministro competente.
El objetivo de la revisión es corregir errores judiciales y requiere la presentación de nuevas pruebas que demuestren la inocencia: demostrar que el fallo fue contrario al derecho penal y el dictamen se basó en testimonios, peritajes o documentos falsos.
La decisión más reciente de los tres casos denegados por el STF en materia de revisiones fue la del ministro Antonio Dias Toffoli, quien rechazó la solicitud de Antônio Teodoro de Moraes, condenado a 14 años de prisión, quien logró reducir su pena a 12.
Su defensa argumentó que la pena violó la ley, la jurisprudencia del Supremo y las pruebas del caso.
Dias Toffoli consideró que los abogados solo intentaron reexaminar las decisiones de aceptar la acusación y la condena. Los abogados aún pueden apelar.
Antes del juez, la magistrada Cármen Lúcia Antunes refutó la solicitud de Miguel Fernando Ritter, condenado a 12 años y seis meses de prisión por el pleno de la corte superior.
El equipo jurídico alegó que el hecho de que fuera juzgado por el Supremo sin tener competencia en dicho tribunal constituía una violación de la ley, alegando «error judicial de derecho».
Al respecto, Antunes afirmó que el juzgado estableció competencia para las causas del 8 de enero, no solo en el caso de Ritter, sino en todas las penales relacionadas con los atentados.
Una tercera solicitud fue rechazada por el juez Flávio Dino, quien denegó la de Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand, condenada a 14 años de prisión también por el pleno del Supremo.
Dino entendió que la solicitud no cumplía con los requisitos legales para ser admitida y no presentaba elementos relevantes para la revisión de la sentencia.
Personas cercanas al expresidente Jair Bolsonaro comenzaron a considerar la posibilidad de solicitar una revisión penal.
Lo anterior dado el panorama desfavorable que se vislumbra en la Corte Suprema respecto al laudo de apelación contra la condena de Bolsonaro por golpe de Estado y su sentencia de 27 años y tres meses de prisión.
Esta semana la apelación se interpuso y será juzgada a partir del 7 de noviembre por la primera sala del STF.
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