>Durante la primera visita oficial del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a Venezuela en el Palacio de Miraflores, se suscribió un Memorándum de entendimiento, algo impensable que el mismo funcionario viaje a Washington a investigar los crímenes de guerra cometidos por estadounidenses y sus aliados en Afganistán

CIUDAD MCY.- El Estado venezolano desarrolla en estos momentos una labor comprometida con los derechos humanos y contra la impunidad, con un total de 188 sentencias condenatorias desde 2017 en ese ámbito de acuerdo a un informe del fiscal general Tarek William Saab.

El titular del Ministerio Público venezolano destacó la importancia del memorando de entendimiento suscrito por el presidente Nicolás Maduro y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, basado en el principio de complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.

Para Saab el acuerdo constituye una victoria de las instituciones democráticas venezolanas, y abre las puertas a la consolidación del diálogo y la cooperación entre las partes para el establecimiento de la verdad en hechos denunciados.

La firma de la carta de entendimiento siguió a la decisión de la Fiscalía de la CPI de concluir el examen preliminar del caso Venezuela I, iniciado en 2018 en torno a supuestas violaciones de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones violentas de 2017, y proceder a abrir una investigación formal.

Venezuela a través de sus instituciones interpretó que no se cumplieron los requisitos para justificar el paso a la investigación formal, y consideró que las denuncias deben ser abordadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin.

Según lo acordado, a pesar de las diferencias de opinión sobre este tema, las partes ratificaron su compromiso a colaborar activamente entre sí y a apoyar los esfuerzos más allá del principio de complementariedad.

El fiscal enfatizó que “Venezuela con sus órganos auxiliares de justicia, el Ministerio Público como titular de la acción penal y los tribunales penales ordinarios ha hecho justicia y ha evitado la impunidad”, a pesar que la mediática mundial intenta desdibujarlo.

Saab precisó que los expertos de la CPI podrán comprobar del continuo trabajo de las instituciones penales y judiciales venezolanas en materia de imputaciones y sentencias condenatorias relacionadas con violaciones de derechos humanos, única forma para castigar a quienes se separan del camino de la ley.

En virtud del memorando de entendimiento firmado la víspera, se establecerán mecanismos para mejorar la cooperación y facilitar el efectivo desempeño del mandato de la Fiscalía de la CPI en el territorio venezolano.

Asimismo, el Gobierno de Venezuela adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y compromiso activo del ente judicial internacional.

Tras la firma del memorando, el mandatario Nicolás Maduro destacó la voluntad de la Fiscalía de la CPI de establecer un diálogo franco y directo con las instituciones venezolanas, las cuales han demostrado sus fortalezas jurídicas, doctrinarias, y constitucionales, sin embargo, el Mandatario explicó que “Venezuela estuvo ciega” durante el proceso de examen preliminar, situación que le impidió conocer la documentación y el contenido que se evaluaba.

Sobre la determinación del alto funcionario de la CPI de dar paso a una investigación formal sobre la situación en el país sudamericano, el dignatario manifestó que respeta la decisión, aunque no la comparte como representante de un Estado soberano. Para Maduro Venezuela garantiza la justicia con instituciones que están dispuestas a mejorar, perfeccionarse y avanzar; y ratificó que “para que exista la paz, debe haber justicia”.

Por su parte, el fiscal Karim Khan destacó las jornadas de trabajo y debate franco y abierto, de diálogo constructivo entre su delegación y los funcionarios de la República Bolivariana.

“Estamos comprometidos a trabajar de manera complementaria e independiente”, manifestó el titular de la Fiscalía de la CPI, al tiempo que rechazó cualquier intento de politizar la labor de su despacho; “nos guían los principios de la legalidad y el Estado de Derecho, no cuestiones políticas”, aseveró.

Finalmente, se ha acordado que el fiscal Karim Khan regresará a Venezuela donde tiene una agenda que cumplir y a la que declaró respetar como un Estado Parte del Estatuto de Roma y una nación que, dentro del texto constitucional, ha incorporado los principios fundamentales de la justicia, en los términos del documento que rige sus funciones.

IMPENSABLE VIAJE DE KHAN A WASHINGTON A INVESTIGAR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Ahora, la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ocupó espacios en las noticias del orbe. “Extraña dictadura”, como diría Galeano, en la que además de invitar al país a este personaje, el “dictador” firma un acuerdo donde se compromete a apoyar la investigación que se abre para establecer la verdad sobre violación de derechos humanos de conformidad con el Estatuto de Roma.

Se debe al marco jurídico venezolano que de manera soberana, la República invitase al alto funcionario a venir al país, siendo que existen varios temas que interesan a Venezuela en desarrollo en dicha instancia, pues además de los actos que se investigan en relación a los intentos violentos de golpes de Estado, está la remisión de Venezuela sobre las medidas coercitivas unilaterales entendidas como crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno estadounidense contra el pueblo venezolano, y la más reciente denuncia contra Colombia por actos de exterminio de la población venezolana en condición de migrantes en Colombia.

“El fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase (de la investigación). No compartimos la decisión, pero la respetamos”, dijo el Presidente durante un acto televisado en el palacio de gobierno. La prensa y los medios noticiosos que califican al gobierno de Nicolás Maduro de “férrea dictadura” difundieron la noticia de la visita del fiscal Karim Khan a Venezuela como una victoria para los defensores de los derechos humanos.

A pesar de que la CPI lleva tiempo trabajando con el gobierno venezolano, los que califican al gobierno de “atroz dictadura” intentan desconocer que el gobierno venezolano consignó recientemente a la CPI informe contentivo de evidencias sobre como el daño que causan las sanciones impuestas por los EEUU, contra el pueblo de Venezuela, constituyen un crimen de lesa humanidad. Entre las evidencias contenidas en el Informe, consignado a la CPI, se deja constancia de que hay 192 personas sancionadas (el presidente Maduro entre ellos); 150 empresas (de las cuales 140 son privadas); 69 embarcaciones y 30 buques petroleros; 58 aeronaves, sin dejar por fuera la retención de fondos estatales en varios países, incluyendo 342 millones de dólares de una cuenta del Estado venezolano en el Citibank.

Pero no es viable creer que el fiscal Karim Khan atienda las denuncias que Venezuela interpone en la CPI contra los EE UU, por las razones antes expuestas.

No veremos a este Fiscal ni a ningún otro de la CPI en la Casa Blanca firmando acuerdos de entendimiento. Quedó claro cuando en 2020 se firmó en EEUU una orden ejecutiva aplicando sanciones contra la CPI, al tachar de ilegítima la jurisdicción de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses, en relación a una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán.

Es de vieja data la animadversión de los gobiernos de los EEUU contra la CPI y sus actuaciones en favor de los derechos humanos, En 2002, durante los inicios de la CPI, el presidente George Bush firmó la Ley de Protección del Personal de Servicio estadounidense, que autorizaba cualquier acción necesaria para asegurar que sus ciudadanos no estuviesen en ningún caso sometidos a la jurisdicción de la CP.

Por eso no veremos al fiscal Khan, ni a nadie de su equipo investigando ninguno de los crímenes de guerra cometidos por estadounidenses y sus aliados en Afganistán y en otros de los tantos países donde han impuesto su guerra como medio de sometimiento y dominio.

MARCOS GAVIDIA